Blasco se aparta de la portavocía del PP tras pedir la juez su imputación

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, está a un paso de la imputación por el fraude en las ayudas de cooperación que se produjo entre 2008 y 2010, cuando él era consejero de Solidaridad y Ciudadanía, y dejará su cargo al frente del grupo parlamentario. La juez que investiga el caso, en el que ya hay 27 imputados, uno de ellos en la cárcel, ha elevado una providencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que pide que se pregunte en el Parlamento autonómico por la condición de diputado de Blasco, "ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva".

Poco después de conocer esta mañana la noticia, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha marcado el camino de salida a su portavoz parlamentario. "Vamos a esperar. Pero aquellas personas que tengan cuestiones con la justicia no pueden desempeñar ciertos cargos. Y eso lo sabe Blasco", ha recalcado el presidente del Consell. Y a la pregunta de si el portavoz debía dejar el cargo, ha añadido: "Es consciente de que tendrá que tomar esa decisión".

Las declaraciones de Fabra se han producido poco antes de que ambos se entrevistaran en Presidencia a las 14.00 horas. En esa entrevista, de solo media hora de duración, Blasco ha aceptado apartarse de la portavocía parlamentaria, aunque solo renunciará formalmente a ella tras la imputación. Un paso que podría demorarse varios días. No obstante, el portavoz adjunto de las Cortes, Rafael Maluenda, asume desde este momento las funciones de portavoz del PP en las Cortes, que mañana inicia uno de los plenos importantes de esta legislatura. Fabra tiene previsto comparecer ante la Cámara para explicar el plan de reequilibrio financiero de al Generalitat. El propio Fabra ha anunciado, tras la entrevista con Blasco, que el portavoz dejará oficialmente el cargo cuando sea "efectiva" su imputación. Como sustitutos de Blasco al frente del Grupo Popular en las Cortes se barajan los nombres de Alicia de Miguel, Antonio Clemente o Jorge Bellver.

La decisión de la juez Nieves Molina deja a Blasco en la cuerda floja, ya que abre el procedimiento para su imputación formal como aforado. El caso en el que se ha visto implicado se inició en octubre de 2010, cuando la diputada socialista Clara Tirado denunció al fiscal anticorrupción que se habían concedido sendas ayudas por 1,6 millones de euros a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales que habían ido a comprar dos entresuelos con plazas de garaje en Valencia. La documentación apuntaba también la existencia de una trama de desvío de dinero de subvenciones.

Ese aspecto fue ampliado con una abundante aportación de documentos por otra denuncia de la diputada de Compromís Mireia Mollà ante el mismo fiscal anticorrupción. Según esa información, la Fundación Hemisferio (entonces denominada Entre Pueblos) sirvió para drenar dinero de la ayuda al tercer mundo a través de varias ONG. Pese a que Blasco negó desde el principio las irregularidades, la fiscalía y la juez mantuvieron durante meses una investigación secreta que dio lugar en febrero a varias detenciones y a la imputación hasta ahora de 27 personas. El dinero manejado por la trama supera los 6 millones de euros.

Esta misma mañana, antes de que se hiciera pública la providencia de la juez, Rafael Blasco ha presentado un escrito en las Cortes Valencianas en el que renuncia "a la percepción de las cantidades en concepto de indemnización por ejercicio de la función" que como diputado le corresponden. Se trata de un complemento que en su caso asciende a 294 euros mensuales, según confirman fuentes parlamentarias, que descartan, en principio, que el gesto tenga algo que ver con la posibilidad de que lo imputen.

Blasco se ha atrincherado en su cargo de portavoz hasta ahora, pero el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano, Alberto Fabra, ya dejó claro que lo mantendría al frente del Grupo Popular siempre que no fuera imputado. La nueva situación judicial de Blasco lo sitúa a un paso de la dimisión.

Blasco ya fue protagonista de un escándalo de supuesta corrupción cuando era consejero del Gobierno socialista de Joan Lerma

El caso de la cooperación protagonizó la sesión de control a Fabra la semana pasada, cuando el portavoz de Compromís, Enric Morera, exigió explicaciones sobre el resultado de una comisión interna de investigación abierta por la Generlitat cuando estalló el escándalo y fueron detenidos, entre otros, el ex director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el jefe de área Marc Llinares, posteriormente relevados de sus cargos junto al subsecretario de la consejería en la época del fraude, Alexandre Català. Hoy mismo se ha sabido que la Consejería de Justicia y Bienestar Social, que dirige Jorge Cabré, ha ampliado en 15 días el plazo para que la comisión interna termine sus trabajos.

La investigación judicial ha revelado que tras la trama de saqueo de subvenciones estaba Augusto César Tauroni, el único imputado que permanece en prisión, una persona de Alzira, localidad de origen del todavía portavoz del PP, que se vincula a las adjudicaciones que Blasco ha realizado en diversos departamentos de la Generalitat.

Blasco ya fue protagonista de un escándalo de supuesta corrupción cuando era consejero de Obras Públicas en el Gobierno del socialista Joan Lerma, a principios de los años 90. Las acusaciones fueron desestimadas por la irregularidad en unas escuchas policiales, pero fue apartado de la Generalitat. Precisamente, las grabaciones que la policía ha realizado en la investigación del caso de cooperación, han revelado la naturalidad de las relaciones de Blasco con algunos de los principales imputados, como el propio Tauroni.

Fabra se ha pronunciado sobre la situación del portavoz del PP en las Cortes tras el acto de presentación de unos cupones de la ONCE dedicados a la Comunidad Valenciana. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que también asistía al acto, no ha querido hablar sobre Blasco. El presidente del PP de Valencia, Alfonso Rus, próximo a Blasco, también se ha marchado sin realizar declaraciones.