El Consell prolonga su investigación de las ayudas de cooperación

La Consejería de Justicia y Bienestar Social se tomará más tiempo para analizar las ayudas de cooperación concedidas por la Generalitat e investigadas por la justicia. La consejería ha ampliado en 15 días el plazo para concluir el trabajo de la llamada Comisión de Estudio y Revisión de Otorgamiento de las Subvenciones en Materia de Cooperación al Desarrollo que están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y por el Juzgado de Instrucción número 21 de los de Valencia.

Se trata de una resolución firmada por el consejero Jorge Cabré el pasado 1 de junio y publicada este martes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). Así, la medida se dictó un día antes de que finalizara el plazo de tres meses establecido en la resolución de constitución de la comisión.

El texto señala que, visto que los procedimientos de subvención en materia de cooperación al desarrollo, por la singularidad de su naturaleza, al tratarse de una actividad que se desarrolla en terceros países, y las especialidades de su régimen jurídico, que difiere notablemente del régimen general de las subvenciones públicas, "presentan una destacable complejidad técnica", circunstancia que ha motivado que la comisión haya recabado de la colaboración de la Intervención de la Generalitat.

En la resolución del pasado 2 de marzo, la Generalitat justificó esta investigación por las recientes actuaciones policiales y judiciales en el ámbito de la Dirección General de Integración y Cooperación de la consejería que dirigía Rafael Blasco que "podrían revelar la posible existencia de irregularidades en la gestión de las ayudas otorgadas en la materia, obligando por tanto a redoblar el control sobre las mismas".

Según la resolución, dentro del elenco de acciones susceptibles de llevarse a efecto, se considera "ineludible" constituir una comisión encargada exclusivamente de la misión de estudiar, revisar y evaluar de forma especial los expedientes relacionados con aquellas entidades que estuvieran siendo investigadas por la autoridad judicial, "a fin de pronunciarse sobre la legitimidad de los procedimientos en todas sus fases, en beneficio finalmente de la transparencia del proceder administrativo y del interés público".