La Junta prescinde del alto cargo imputado en el caso de los ERE

La Junta ha prescindido del director general de Trabajo imputado en el caso de los ERE. Daniel Alberto Rivera cesó ayer después de dos años al frente del departamento más espinoso del Gobierno andaluz, en la encrucijada debido a una causa judicial que ha cuestionado su política de ayudas a empresas y ERE subvencionados entre 2001 y 2010.

La juez Mercedes Alaya acusa a Rivera de autorizar pagos al ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos (personas ajenas a la firma), además de ordenar pagos “con total ausencia de procedimiento”, sin solicitud por parte de la empresa o protocolo de colaboración. Alaya también sospecha de un pago a la firma Acyco destinado a mantener 144 puestos de trabajo por 109.620 euros, cantidad que coincide con los honorarios del bufete Garrigues que debió abonar la empresa y no la Junta.

Rivera admitió en una grabación de una conversación privada haber dado “alguna cosa” a la empresa de muebles Elizana. El alto cargo concedió a esta firma una subvención de 700.000 euros en virtud de un convenio que firmó cuatro días después de tomar posesión como director general.

Sin embargo, y a diferencia de sus predecesores Javier Guerrero y Juan Márquez, el Ejecutivo arropó al ex director general tras su imputación el pasado enero y le defendió como impulsor de la investigación interna que ha descubierto a los intrusos en paralelo al juzgado. Su cese está incluido en la reorganización impuesta en las consejerías de Empleo y Economía, que se han fusionado para incluir la secretaría general de Empleo. El sustituto de Rivera es Antonio González.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Cuentas andaluza, Antonio López, avanzó ayer que el informe del órgano fiscalizador sobre los ERE se retrasará entre 45 y 60 días, por lo que quizás no coincida con la comisión de investigación del Parlamento, que se aprueba mañana.

López subrayó que desconoce el ritmo que seguirá la comisión de investigación. “Son dos ritmos que no siempre van a ir acompasados”, matizó López. Hasta ahora solo ha trascendido el anteproyecto del informe, lo cual generó polémica al no ser la versión definitiva aprobada por el pleno del órgano.