La Junta prescinde del último director de Empleo imputado en el ‘caso ERE’

El Gobierno andaluz ha cerrado esta mañana la organización administrativa correspondiente a las consejerías de Hacienda y Educación y a las delegaciones del resto de departamentos. De este organigrama, que consta de 65 delegados provinciales, se ha caído Daniel Rivera, quien era responsable de Trabajo en Sevilla y fue el último director de la Junta imputado por la juez del caso ERE, Mercedes Alaya.

El exdirector admitió en la grabación de una conversación privada haber dado “alguna cosa” a la empresa de muebles Elizana. Rivera concedió a esta firma  una subvención directa de 700.000 euros el 6 de septiembre de 2010 en virtud de un convenio marco que firmó cuatro días después de su toma de posesión como director general, en abril de ese año. Elizana ya había recibido otra ayuda de 450.000 euros en enero de 2009 autorizada por el anterior director general de Trabajo, Juan Márquez, también imputado en la causa.

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, enmarcó el cese de Rivera en la reorganización del Ejecutivo andaluz, que ha pasado de 189 a 160 altos cargos entre principios de la anterior legislatura y ahora, lo que supone un 16%. Sin embargo, no suman más que 12 puestos si se tiene en cuenta que el Gobierno ya había reducido la administración al final del pasado mandato. También ha argumentado que, dentro de la organización, ya no existe el puesto que ocupaba Rivera.

Sobre el caso ERE, Vázquez ha afirmado que el Gobierno da la bienvenida a la comisión de investigación parlamentaria y “va a contribuir a que su desarrollo sea democrático y transparente". "El Gobierno estará a disposición del Parlamento", ha concluido para no incidir en las declaraciones de la consejera de Presidencia, Susana Díaz, la semana pasada, cuando dijo que, “en las conversaciones” que había mantenido con los socios (IU), había “coincidencia en la no necesidad de las comparecencias de sus miembros” y, por lo tanto, en que no era necesaria la presencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ante el grupo. El propio Griñán matizó horas después que estaba a disposición del Parlamento si los grupos lo consideraban necesario, como esta mañana ha reiterado Vázquez.

El portavoz de la Junta también ha insistido en que el Ejecutivo no ha criticado a la Guardia Civil sino que ha expresado "su discrepancia" con el atestado sobre el caso ERE, en el que señala la supuesta responsabilidad directa de miembros de la Junta. En este sentido, Vázquez ha recordado  que Rajoy habló de “trama de jueces, fiscales y policías” o que “Cospedal afirmó en un chiringuito de playa que veía la cara de Rubalcaba en algunos policías”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, ha afirmado hoy que la aprobación del informe elaborado por este órgano sobre los ERE fraudulentos tardará entre mes y medio y dos meses, por lo que no garantiza que se incluya en la comisión de investigación que celebrará el Parlamento.

López, que se ha reunido hoy con el presidente de la Cámara andaluza, Manuel Gracia, ha dicho que el órgano de extracción parlamentaria necesita "mínimo" mes y medio o dos meses para la aprobación definitiva del informe, por lo que desconoce si el "ritmo que siga la comisión" va a permitir incluirlo.