Interior decreta el cierre del CIE de Málaga por su mal estado

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, ha ordenado el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos, en Málaga ante la “mala situación de sus infraestructuras”, aunque todavía no se ha fijado una fecha para acometerlo. A partir de la clausura de estas instalaciones, los inmigrantes en situación irregular que deban ser ingresados en un Centro de Internamiento serán derivados a los CIE de Algeciras y Madrid, según fuentes citadas por Europa Prees.

Este es un cierre esperado para muchas organizaciones, como Andalucía Acoge, quien ha venido denunciando el “sangrante” caso del CIE de Málaga, donde, según afirman, “la amenaza de ruina obligó al traslado de la Unidad Canina de la Policía Local de Málaga mientras las personas continúan allí”. El centro ya fue clausurado parcialmente por el mal estado de las instalaciones. Tiene capacidad para 20 hombres y otras tantas mujeres, pero actualmente sólo aloja a 17 inmigrantes (15 varones y dos hembras).

El CIE de Capuchinos entró en funcionamiento en 1990 y en 2006 sufrió un cambio completo de plantilla, tras las denuncias de abusos sexuales con consentimiento viciado presentadas contra cinco agentes de la Policía Nacional, para quienes en la actualidad, la Fiscalía de Málaga ha solicitado 27 años de prisión y apertura de juicio oral.

Al margen de este hecho, el centro ha suscitado diversas quejas y denuncias de organizaciones sociales a lo largo de su historia por motivos como la ausencia de servicios sociales y sanitarios permanentes o deficiencias en las instalaciones. Hace ocho años, 46 internos llevaron a cabo una huelga de hambre en protesta por las condiciones, la mala calidad y escasez de comida, conforme detalla un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Este documento recoge una cronología de la historia de este CIE en la que figuran, por ejemplo, la acusación y condena de un policía por vejaciones de carácter sexual a una interna en 1995; la expulsión conjunta de 103 inmigrantes que habían sido sedados en 1996 y tras la cual fue destituido el director del centro, y los incendios de protesta que organizaron en 1998 y 1999 los internos.

El Defensor del Pueblo, en varias memorias sobre inmigración y en sus informes anuales ha recomendado el cierre del centro y su sustitución por otro de nueva construcción.