Señorías, responsabilidad

Seis meses después de que las elecciones generales del 20-N dieran mayoría absoluta al PP ya sabemos que el milagro económico de Rajoy no logra bajar la prima de riesgo ni el paro. Hoy, muchos ciudadanos que confiaron en los conservadores, se sienten decepcionados y desesperanzados ante un gobierno cuya única política es la improvisación y la externalización de responsabilidades, y que utiliza la crisis para devaluar nuestro nivel de vida y nuestros derechos.

Siguiendo el manual corporativo del PP, al igual que Feijóo en Galicia, Rajoy comenzó externalizando responsabilidades para escapar de sus promesas electorales. La herencia recibida y las cuentas falseadas del Gobierno anterior, sirvieron de argumentos para justificar el primer recorte de servicios y la subida de impuestos. A continuación acusó al modelo territorial de despilfarrador, pese a que los mayores desfases están en comunidades y municipios gobernados por el PP y que, en general, los desajustes se derivan más de la caída de ingresos por la crisis que del incremento injustificado del gasto.

Para justificar la subida de las tasas universitarias, el ministro disparó contra la universidad pública por no formar bien a los alumnos o no estar entre las mejores del mundo. Un mensaje ciertamente desesperanzador para los miles de estudiantes que se forman en nuestras universidades y a los que este gobierno reduce las becas e incrementa la matrícula. Es obvio que la universidad, como el modelo territorial, precisan optimizar recursos, mejorar resultados y evitar solapamientos y duplicidades, pero estas reformas no pueden justificar que el Gobierno desacredite a la universidad pública al tiempo que recorta sus recursos. Recortar, encarecer, desacreditar y limitar el acceso a la sanidad y educación pública, solo produce efectos positivos en la cuenta de resultados de la sanidad y las universidades privadas, a costa de perder bienestar social y limitar la democratización de la cultura y la salud.

Día a día, la búsqueda de escusas y culpables está provocando una crisis institucional de consecuencias impredecibles. Recientemente, el Gobierno ha anunciado urbi et orbi que el Banco de España no es de fiar y, como consecuencia, unas auditoras privadas, algunas de las que certificaron como solventes entidades quebradas poco tiempo después, en dos meses van a determinar la salud de nuestro sistema financiero. No debe resultar extraño que tras este anuncio se hunda la Bolsa, aumente la prima de riesgo y los capitales extranjeros abandonen España. Así, ante los problemas económicos y las dudas que el propio Ejecutivo pone a nuestras cuentas, no debe sorprender que cada día más voces adviertan del riesgo de rescate.

Mientras la situación financiera y económica del país se deteriora, el presidente no da la cara y su gobierno improvisa decisiones que provocan contradicciones y desmentidos en sus filas. La imagen del presidente del Gobierno huyendo de los periodistas por los pasillos del Congreso, es un ejemplo gráfico que no proporciona certidumbre ni aporta un ápice de credibilidad y rigor a su política económica. Del mismo modo, debilita las instituciones y la economía que sea el nuevo presidente de Bankia, cual ministro de Economía, quien anuncie una inyección de 23.000 millones de dinero público en su entidad, mientras el anterior gestor pone en solfa la intervención y el Gobierno ni revela el volumen de recursos públicos ni su procedencia, al tiempo que rechaza comparecencias e investigaciones.

En los últimos meses, desde la monarquía al poder judicial, pasando por la política, el modelo autonómico y local, la autoridad financiera o la universidad, han debilitado claramente su imagen social y su autoridad moral, poniendo en evidencia la debilidad del Estado y sus instituciones. Por ello, resulta mas necesario que nunca dar explicaciones, asumir responsabilidades, pedir disculpas por los errores cometidos y renovar el funcionamiento de las instituciones y de nuestro sistema político. En este sentido, es urgente investigar la ocurrido en el sector financiero, tanto en Bankia como en Novagalicia Banco. Es imprescindible que los responsables de esta desfeita den la cara, que respondan de su gestión y que devuelvan las millonarias e inmorales indemnizaciones que se llevaron.

Después de una legislatura de involución democrática y económica, el presidente Feijóo tiene la oportunidad de reconciliarse con Galicia aportando luz y taquígrafos sobre la gestión de unas cajas que ya han precisado más de 3.600 millones de euros de dinero de los contribuyentes. Tiene en sus manos hacer un uso responsable de la confianza de sus electores y constituir la comisión de investigación sobre las cajas gallegas, o puede utilizar su mayoría parlamentaria para volver a rechazarla evitando que se rindan cuentas en esta legislatura. Es posible que esta comisión de investigación no inicie la recuperación económica, pero en nada perjudicará al futuro de la entidad, mas bien al contrario, será un paso decisivo para restaurar la credibilidad y confianza de los ciudadanos en la política y el control democrático.