El Lluís Vives destaca la excelencia académica de los alumnos multados

La Asamblea del Profesorado del IES Lluís Vives de Valencia acusó este viernes a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, de “criminalizar” a sus alumnos y ser la responsable del “estropicio” y la “violencia policial” durante las protestas estudiantiles de febrero. El centro, símbolo de la denominada primavera valenciana, subrayó la “excelencia académica” de estos jóvenes y pidió, junto a otras 23 entidades, acciones judiciales contra los responsables por haber impedido las manifestaciones pacíficas.

El instituto destacó la “categoría y perfil” de sus alumnos y denunció que “un buen puñado” haya sido sancionado por participar en actos públicos. “Su comportamiento ha sido impecable”, señalaron, “y están totalmente integrados en la vida del centro, tal y como demuestran sus actuaciones en multitud de ámbitos”. La asamblea expresó, además, que se sienten “muy orgullosos” de ellos y recordó que “se acaban de graduar con resultados excelentes: notas más altas que nunca y 21 matrículas de honor”.

De una manera “muy especial”, los profesores condenaron las multas “kafkianas” que se están recibiendo tras los sucesos frente a la comisaría de Zapadores del 17 de febrero. “Después de ser conducidos, acorralados, acosados, retenidos durante horas y algunos de ellos apaleados, ahora encima se les denuncia con acusaciones de cortar el tráfico y provocar incidentes”, protestaron.

Por eso, junto a otras 23 asociaciones, sindicatos y partidos políticos —como el PSPV, EUPV o la coalición Compromís— presentaron una denuncia en el juzgado de guardia de Valencia contra Paula Sánchez de León y el jefe superior de Policía, Antonio Moreno, por la “represión” y la “brutalidad” con la que actuó la policía. Con una pancarta en la que ponía “Somos el pueblo, no el enemigo”, los asistentes manifestaron que este tipo de actuación “no es posible en un Estado democrático y de Derecho”.

También insistieron en que el tiempo transcurrido desde los hechos lo han dedicado a recopilar la documentación necesaria y en agruparse en el colectivo El Micalet. También denunciaron que, además, se está “confeccionando un fichero ilegal con datos de los manifestantes, para sancionar de forma injusta”.

Prevaricación y abuso de poder

La Coalición Compromís pidió también este viernes a la Fiscalía de Valencia que investigue a la delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, y al concejal de fiestas, Francisco Lledó, por “prevaricación y abuso de poder”. La denuncia se debe al cambio de ubicación de la mascletà de la celebración de la Mare de Déu, el 12 de mayo. Ese día, la pirotecnia se trasladó desde el cauce del río Turia, donde tiene lugar habitualmente, hasta la plaza del Ayuntamiento, lugar en el que finalizaba la marcha convocada en conmemoración del aniversario del 15-M.

“Se realizó con una serie de excusas descaradas y con una improvisación continua”, declararon los concejales Joan Ribó, Consol Castillo y Pilar Soriano, que aportaron documentos sobre el protocolo a llevar a cabo. “Es arbitrario dar los permisos”, añadieron, “y una prevaricación clarísima” por parte de la delegada, que lo autorizó “al margen de cualquier procedimiento”. “Hay muchas mentiras por detrás y se saltaron todas las normas”.

La coalición calificó la decisión de “salvajada” e insistió en que, “si alguno hubiera cometido una imprudencia”, se podría haber producido “un baño de sangre”. “Entonces sí que se estaría investigando por todos los sitios”, lamentaron.