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El juez extiende la investigación de Gürtel al grupo parlamentario del PP

Los populares señalan a su gerente Ibáñez como responsable de la contabilidad

Cristina Ibáñez, entrando a declarar como imputada en el TSJ, en Valencia, en mayo pasado.
Cristina Ibáñez, entrando a declarar como imputada en el TSJ, en Valencia, en mayo pasado.

El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres ha ampliado la investigación de la causa de financiación ilegal del PP al Grupo Popular en las Cortes autonómicas. Ceres, instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, ha requerido al Grupo Popular en la Cámara que identifique a la persona o personas que fueran responsables de los pagos y las que figurasen como administradores de las cuentas bancarias del mismo en los años 2007 y 2008.

En ese periodo, que coincidió respectivamente con las elecciones autonómicas que ganó el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y con las generales que perdió el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue cuando, según numerosas evidencias que obran en la causa, se produjo la financiación ilegal del partido (delito electoral) y la falsificación en documento mercantil. Ambos delitos corresponderían a las aportaciones de empresas de obra civil a las campañas populares, que habrían pagado a la sociedad de la trama Orange Market los actos que ésta organizó para el partido.

El magistrado también ha ordenado que, una vez se conozcan los responsables de pagos y los administradores de las cuentas del grupo parlamentario, las entidades faciliten todos los extractos de los movimientos bancarios de 2007 y 2008.

En junio de 2007, Ricardo Costa, uno de los principales imputados en la causa, se convirtió en secretario del grupo parlamentario, mientras que Esteban González Pons fue nombrado portavoz en sustitución de Serafín Castellano. Costa asumió la portavocía en las Cortes en marzo de 2008.

La extesorera García habría apuntado al grupo en las Cortes ante el juez

Fuentes jurídicas apuntan que la decisión del juez puede estar relacionada con la reciente declaración prestada por la imputada Yolanda García, diputada en las Cortes y hasta el mes pasado tesorera regional del partido. Al ser preguntada por el contenido de las conversaciones intervenidas por orden judicial en las que hablaba con Álvaro Pérez, El Bigotes, —y que, según la policía, versaban sobre la financiación ilegal— García habría afirmado, según las mismas fuentes, que en realidad estaban tratando sobre actos realizados por Orange Market para el grupo parlamentario. Y por ello el magistrado habría decidido examinar todas las transacciones bancarias del grupo popular.

García, Costa y el entonces vicesecretario de Organización del PPCV, diputado y también imputado David Serra, son los principales protagonistas de las conversaciones grabadas por la policía.

En una de ellas, de 23 de diciembre de 2008, Serra le dice a Álvaro Pérez: “El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le prestéis al de las galletas [el constructor Enrique Ortiz] la factura igual que la otra”. Serra también dio al juez una explicación curiosa de sus palabras. Tras reconocer que “el de las galletas” era Ortiz, sostuvo que lo único que hizo fue mediar, por la amistad que tenía con El Bigotes, para que éste pudiera cobrar una deuda que tenía pendiente con el constructor por servicios que habría prestado a sus empresas.

Las tensiones que la causa ha generado en el interior del PP valenciano, remodelado a fondo hace unas semanas por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para sacar de los principales cargos a los imputados, continúan.

La causa ha causado tensiones en el PP valenciano

Ante el empeño del juez Ceres por averiguar cómo funcionaba la caja regional del partido, el nuevo secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha respondido al juez que la “competencia para la realización de la contabilidad corresponde a la gerencia regional del partido”. Esto es, a la gerente Cristina Ibáñez, hacia quien también Costa habría desviado las responsabilidades durante el interrogatorio al que le sometieron el juez y el fiscal.

Ibáñez es una figura muy discreta y al mismo tiempo extraordinariamente duradera en el aparato regional del partido. Según informó hace poco el PPCV al juez, ocupa el cargo desde 1995, el año en el que el PP ganó por primera vez la Generalitat, lo que implica que ha sobrevivido a las numerosas guerras internas que ha vivido la formación. La dirección regional también indicó que cobra directamente de la calle Génova, la sede nacional del PP.