Baltar fichó a una interventora sancionada

Apenas comenzado el 2011 el exbarón del PP gallego, José Luis Baltar, decidió llenar el vacío que había dejado José María Baños —su hombre de confianza durante más de una década— como responsable de las cuentas de la muy endeudada Diputación de Ourense. Baltar se aferró a su estilo y tomó una decisión a contrapelo. Fue así como apostó por una alta funcionaria precedida por la polémica para vigilar los presupuestos de la institución provincial.

Baños había abandonado por sorpresa y por “motivos personales” su puesto en el organismo ourensano durante la elaboración de los presupuestos de 2011. Hizo el petate de un día para otro y se fue a ocupar una plaza en un pequeño municipio de Guadalajara. Baltar tardó poco más de un mes en buscarle sustituto.

Mónica Legaspi —a cuyo cuñado ha comenzado ahora a adjudicar obras la Diputación— contaba ya con la confianza del exbarón en aquel comienzo de 2011. José Luis Baltar la había contratado ya unos años antes para dar cursos en la institución ourensana que, además, le había editado un libro sobre “Contratos en la Administración y su gestión presupuestaria”. Pero tenía más currículo. La elegida por el entonces presidente provincial llegaba a la plaza de Ourense arratrando una sanción de un año de suspensión de empleo y sueldo en este mismo puesto en Monforte. El expediente municipal, que le atribuía irregularidades en el ejercicio de su cargo, fue ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al que la alta funcionaria había apelado pidiendo —sin éxito— la anulación del expediente.

No era el único episodio polémico del pasado en la función pública de la interventora por la que apostó Baltar. En 2003, el alcalde de Monforte, Severino Rodríguez, se vio obligado a informar a la corporación del municipio lucense de la acumulación de funciones de Legaspi que en esa época compatibilizaba su labor de intervención en ese municipio y en el Ayuntamiento de O Saviñao. La funcionaria llegó a ejercer al mismo tiempo en estos dos ayuntamientos y en el de Chantada.

Mónica Legaspi fue armándose un pasado de controversia. En el Ayuntamiento de Chantada, y en el mismo 2003, la oposición se exasperó cuando el alcalde publicó en el BOP el nombramiento de la funcionaria por acuerdo plenario. Los grupos de oposición estaban convencidos de que el acuerdo de la corporación se refería solo a los complementos específicos de su sueldo y no a la plaza.

El BNG alertó entonces de que la alcaldía no había respetado el proceso en su objetivo de colocar a la interventora en la plantilla municipal. El Ayuntamiento consignó entonces a Legaspi un sueldo anual de 54.000 euros que la oposición tildó de “obsceno”.

En 2005, el Consello de Contas de Galicia ordenó una auditoría de la contabilidad del Ayuntamiento de O Saviñao para esclarecer supuestas irregularidades: el Ayuntamiento llevaba cinco años sin informar del estado de las cuentas al organismo fiscalizador y cuatro sin presentarlas al pleno. Legaspi era en aquella época la interventora y el informe del Consello de Contas atribuía a la institución local posibles desajustes en la contabilidad del último año.

El primero de marzo de 2011, en el acto de su toma de posesión de la plaza de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar mostró su gran satisfacción por el fichaje, alabó la capacidad de la nueva responsable de las cuentas provinciales y mostró la satisfacción de la institución “por contar con una profesional de su valía y capacidad”, según reza en el recordatorio del evento colgado aún en la página web de la institución ourensana.