La comisión de los ERE, la número nueve

En los 30 años del Parlamento de Andalucía, los grupos han pedido hasta en 133 ocasiones la creación de una comisión de investigación. Solo se aprobaron ocho. Y el jueves de la semana próxima todos los grupos acordarán crear la número nueve, la que indagará “en las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía”, la del caso de los ERE.

En la anterior legislatura, los socialistas, con mayoría absoluta, vetaron su creación en las 10 ocasiones que lo planteó la oposición de PP e IU. Ahora, el PSOE es la segunda fuerza parlamentaria y una de las condiciones de IU en el pacto de coalición es que el Parlamento determine las responsabilidades políticas por el uso fraudulento de fondos públicos en la Consejería de Empleo durante casi una década.

Siendo el grupo más pequeño de la Cámara, el de IU es el que tiene la sartén por el mango a la hora de dar el visto bueno o no sobre quiénes comparecen o sobre la duración de la comisión. La capacidad de maniobra de los 47 diputados del PSOE está muy limitada si no la apuntalan los 11+1 diputados de la federación de izquierdas (el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, va por libre).

La posición del PSOE ya la ha dejado clara en su condición de consejera de la Presidencia, Susana Díaz, el martes pasado. “No ve motivo” para que ningún miembro del Consejo de Gobierno sea llamado a declarar porque no tuvo conocimiento de los desmanes que se estaban cometiendo. Esta afirmación provocó un enorme enojo en Izquierda Unida, sobre todo, del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. Este mantuvo una tensa discusión con Susana Díaz y a punto estuvo de enviar un comunicado de prensa dejando claro que Díaz no hablaba por boca de todo el Gobierno. Al final, se optó por que el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, reconviniese a la consejera a la que instó a “abstenerse” de marcar directrices sobre los trabajos parlamentarios.

Todavía, ni IU ni PSOE han acordado una hoja de ruta común, aunque sí han hablado de ello. Están de acuerdo en que no quieren “ni vetos, ni cacería, ni líneas rojas ni prisas”, como señaló Valderas el miércoles. Por ahora, IU no ha tomado una decisión sobre si apoyará que acuda el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a partir de ahí, cualquier miembro del Gobierno. Tanto Griñán como Chaves han dicho que harán lo que decida la comisión, al tiempo que algunas voces les están aconsejando que pasen a la ofensiva.

El Reglamento declara abiertas las comparecencias en comisiones de investigación

Se desconoce aún cómo va a funcionar la comisión de investigación, donde las decisiones se adoptarán atendiendo al criterio del voto ponderado, ni su duración ni la lista de declarantes. Serán los tres grupos del Parlamento los que elaboren un plan de trabajo. Lo lógico es que los grupos empiecen reclamando información de un caso que, en los juzgados, acumula cerca de 350.000 folios. El artículo 52 del Reglamento de la Cámara que regula las comisiones de investigación es bastante escueto. El presidente del Parlamento, Manuel Gracia, va a dictar una resolución que regulará algunos aspectos. Se trata de una norma interpretativa con igual rango que un artículo del Reglamento.

Los letrados han elaborado un borrador que ya tienen todos los miembros de la Mesa. Se aprobará en la próxima reunión de la Junta de Portavoces. En el texto elaborado, los letrados establecen las garantías de los comparecientes, el modo de hacer los requerimientos e incorporan las advertencias contenidas en el artículo 502 del Código Penal que estima como delito de desobediencia no acudir a una comisión de investigación. Las personas que son llamadas a declarar podrán hacerlo acompañadas por un abogado.

Lo que está claro es que las comparecencias serán públicas, aunque no las sesiones de debate que celebren sus miembros. El artículo 70 así lo establece: “Serán secretas, en todo caso, las sesiones y los trabajos de la Comisión del Estatuto de los Diputados y de la Comisiones de Investigación, excepción hecha en estas últimas de las sesiones que tengan por objeto la celebración de comparecencias informativas”. Fuentes jurídicas señalan que el Parlamento puede llamar a declarar a los dos imputados en prisión preventiva, el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, y el exconsejero Antonio Fernández, aunque el que acudan o no dependerá de que la juez lo autorice.