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Imputados los últimos cinco detenidos por el fraude de las ayudas de cooperación

Los cinco empresarios, al menos uno de la localidad de Alzira, quedan en libertad provisional tras prestar declaración

La juez que investiga el saqueo de las subvenciones de cooperación para el desarrollo de países del tercer mundo otorgadas por la Generalitat ha imputado a los últimos cinco detenidos, todos ellos administradores de empresas vinculadas a la trama. Los cinco fueron detenidos el jueves, en un nuevo operativo policial. Nieves Molina, magistrada titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, les tomó declaración a partir de las 18.00 horas del jueves. A la 1.30 del viernes, los cinco empresarios, cuya identidad no ha sido revelada, han quedado en libertad provisional. Cuatro deben presentarse el juzgado una vez al mes. Sobre el quinto no hay medida cautelar.

Los nuevos imputados se suman a una larga lista. Molina, que ya había imputado a 22 personas en un fraude de al menos seis millones de euros, sigue practicando nuevas diligencias en una causa que saltó a la luz el 23 de febrero pasado con la detención de 14 personas.

El nuevo operativo desplegado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), radicada en Madrid, y que se saldó con la detención de los cinco nuevos imputados, no afectó a dependencias oficiales y ninguno de los detenidos, según indicaron fuentes judiciales, son cargos públicos. Los registros se desarrollaron en vivienda particulares y sedes sociales de empresas. Hasta ahora, seis de los imputados por la juez que investiga el caso son o han sido cargos de la Administración.

Al menos una de las detenciones se produjo en Alzira, localidad de donde son originarios el principal implicado en la causa, Augusto César Tauroni, el único de los hasta ahora imputados que permanece en prisión, y el exconsejero Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Blasco dirigía la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía cuando supuestamente se produjo el desvío de dinero a la trama. Y, según las intervenciones telefónicas, mantenía una buena relación, a base de llamadas de teléfono y citas, con el propio Tauroni.

La juez declara el secreto de una pieza con los registros efectuados en febrero

La causa se abrió a finales de abril de 2011 a partir de una denuncia de la fiscalía, a su vez motivada por las denuncias de dos diputadas, Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís.

Las investigaciones previas se mantuvieron en secreto durante casi un año. Y solo vieron la luz el 23 de febrero pasado, cuando Molina ordenó una oleada de detenciones y de registros en dependencias oficiales de la antigua Consejería de Solidaridad y Territorio (ahora integrada en Justicia) y sedes de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones implicadas en la trama.

Aquel día se ordenó la detención de 17 personas, pero tres de ellas se encontraban en el extranjero. De los 14 detenidos, solo uno, el empresario Tauroni, ingresó en prisión comunicada y sin fianza, aunque los otros 13 fueron imputados en la causa. En las siguientes semanas, tras nuevas tomas de declaraciones a testigos, la juez elevó el número de imputados a 22.

Precisamente la juez acaba de decretar el secreto de sumario extraordinario para una pieza separada de la causa. Ninguna de las partes, salvo la fiscalía, tiene acceso a su contenido. Según fuentes del caso, la pieza separada se corresponde con la documentación y el material informático incautado en los registros practicados el día 23 de febrero.

La llegada de Blasco a la consejería varió sustancialmente la forma de adjudicar las subvenciones

El auto dictado por Molina el pasado lunes por el que se decreta este secreto parcial del sumario explica que el 1 de junio se pidió información a la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la documentación ocupada en los registros que se practicaron en febrero. La juez recibió un informe el lunes pasado sobre el estado de la investigación remitido por la brigada, en el que esta le solicitaba que declarara el secreto de esta pieza.

Tras tres meses de diligencias judiciales, la juez emitió el pasado 17 de mayo un auto por el que se acordaba levantar el secreto del sumario. En el documento se informaba a las partes de que la investigación abarcaba los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.

Entre las 22 personas detenidas figuraban seis cargos o excargos en la Administración, como el exdirector general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos destituidos por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo. Los demás detenidos forman parte de las empresas y de las ONG implicadas en la trama.

Según la investigación y las denuncias de las diputadas, a la llegada de Blasco a la consejería se varió sustancialmente el modo de adjudicar las subvenciones dedicadas a la cooperación para el desarrollo. La Fundación Solidaridad entre Pueblos, que luego varió su nombre a Fundación Hemisferio por coincidir su nombre con una veterana ONG, se convirtió en el epicentro de las ayudas de Cooperación. No solo recibió directamente ayudas, sino que se dedicó a tramitar los expedientes de otras pequeñas ONG que hasta entonces apenas habían recibido pequeñas subvenciones. De golpe optaron a grandes proyectos y, aunque no demostraran experiencia previa en los países destinatarios de los fondos, ganaron los concursos.

Detrás de Hemisferio estaba la figura de Tauroni y su círculo más íntimo. Y a través de una red de empresas afincadas tanto en España como en Estados Unidos se cobraba a las ONG beneficiarias mediante facturas hinchadas, lo mismo con servicios reales como ficticios. Finalmente, el dinero se centrifugaba a través de esta red. Y a los países en vías de desarrollo apenas llegaba el dinero.

 

 

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