La jefa de Costas tacha de “canallada” una sanción a la empresa de Telmo Martín

“Lo de Construcuatro fue una carallada, yo no quiero hablar de esto, porque fue una canallada”, lanzó ayer Cristina Paz Curbera, jefe de la Demarcación de Costas de Pontevedra, respecto al proceso que llevó a la constructora de la que Telmo Martín es socio cerca de tener que afrontar una multa de tres millones de euros por invadir el dominio público con un edifico en primera línea del paseo de Silgar, en Sanxenxo. Pese a que la Xunta del PP ha intercedido en dos ocasiones para evitar la sanción a la empresa, Paz Curbera, reincorporada a su cargo en abril tras abandonarlo en 2009, se sumó ayer a la tesis de la constructora conforme la cual el “pobre de Telmo” fue perseguido por su afiliación política.

“Se cebaron con él y no tenían razón”, insistió la jefa provincial tras una visita a la delegación de la Xunta en Pontevedra. Allí ofreció una nueva interpretación sobre el origen del informe de deslinde firmado por ella tras el encargo del entonces conselleiro Enrique López Veiga para dar carpetazo —sin tener competencia para ello, como después rubricó el Supremo— a la propuesta de sanción de los técnicos de su propio departamento, los primeros en proponer la multa de tres millones a Construcuatro basándose en los planos. “Nos dimos cuenta por casualidad de que la casa estaba a 19 metros y no a 20. Metimos la pata los de Costas, la empresa que hizo el deslinde, que grafió mal la protección, yo lo tengo demostrado”, aseguró.

La jefa de Costas adujo que todo el paseo de Silgar tiene el mismo problema que el edificio de Construcuatro, “pero claro, como es Telmo, todo el mundo contra el pobre Telmo. O el que fuera, da igual el alcalde que fuera”. Dice la jefa de Costas que tal ilegalidad colectiva tendría fácil arreglo a través de un “estudio para la homogeneización de la fachada marítima”.

El archivo decretado por López Veiga en 2005 lo levantó Salvemos Pontevedra en sucesivas resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza y el Supremo. Este último remitió al Consello da Xunta —el verdadero competente para resolver— el expediente. El Gobierno de Feijóo reiteró el archivo el pasado noviembre. La asociación ecologista ha recurrido la decisión. También tiene pendiente otro pleito contra la propia Paz Curbera por una casa que esta construyó en Sanxenxo. La ONG entiende que está en zona de protección. Ella lo niega.