El Consell estrecha el control de las bajas laborales, que gestionará una mutua

La Generalitat descontará a funcionarios y empleados públicos en general la parte proporcional de la nómina que corresponda a las jornadas en que hayan estado de baja si no aportan un justificante acreditativo de su ausencia del trabajo. Lo mismo ocurrirá en el caso del día de permiso al que tienen derecho para la mudanza de domicilio. Hasta ahora, en ausencias de menos de tres días y traslados de domicilio no era exigido el justificante.

La transferencia a una mutua de la gestión y cobertura de incidencias en materia de ausencias laborales por incapacidad transitoria y el reforzamiento de los mecanismos de control de acceso, mediante tornos e identificación por huella digital (que se implantará, por ejemplo, en el nuevo complejo administrativo 9 d’Octubre, en Valencia), son otras de las medidas que contiene un plan contra el absentismo laboral en la Generalitat que aprobó el Consell el viernes.

Según el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, el índice de absentismo entre los 126.386 trabajadores de la Administración autonómica fue en 2011 del 4,65%, frente al 3,05% del sector privado. La pretensión del Consell es reducir ese índice, que implica la pérdida de 5.880 jornadas de trabajo al día (2,1 millones de jornadas al año), en medio punto anual durante cuatro ejercicios. El ahorro que esa reducción permitirá, según Ciscar, es de 18,3 millones de euros al año, lo que sumará más de 73 millones en cuatro anualidades.

“Somos una de las pocas comunidades autónomas, con Andalucía o Extremadura, que todavía mantenemos el control del absentismo en manos del Instituto Nacional de la Seguridad Social”, señaló el vicepresidente del Consell, que anunció la contratación en concurso público de una mutua que empezaría a gestionar las bajas a inicios de 2013. Ciscar aseguró que las medidas “no afectan a derechos laborales” por lo que “no hay obligación legal de consensuarlas”, aunque puntualizó que el Consell está abierto a consensuar el plan con los sindicatos que representan a los trabajadores públicos.

Un auditor dirigirá la nueva Corporación Pública Empresarial

La Generalitat Valenciana no ha abierto expediente a ninguno de sus empleados en los dos últimos años, según una respuesta parlamentaria del consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, al diputado socialista Rafael Rubio. Tal vez por eso el vicepresidente precisó que el Consell no implanta el nuevo plan contra el absentismo laboral “para sancionar porque sí” sino para que la Administración sea más productiva.

La Intersindical Valenciana, organización con representación entre el personal de la Generalitat, salió al paso del plan y señaló que las medidas que contiene ya están en vigor, aunque las que se refieren al seguimiento estadístico del absentismo sólo las cumple sistemáticamente la Consejería de Infraestructuras. Según la Intersindical “la única novedad” es entregar la gestión de las bajas a una mutua, lo que en su opinión es “una nueva privatización de un servicio público”.

Por otra parte, el Consell aprobó el Reglamento de la nueva Corporación Pública Empresarial Valenciana, que ha decidido poner en manos de un auditor, ya que nombró como director general a Rafael Sánchez Pellejero, hasta ahora socio responsable del área fiscal y legal de la consultora Deloitte para la Comunidad Valenciana y Murcia.

El reglamento de la nueva Corporación Pública Empresarial Valenciana, que integrará a las 18 entidades a las que quedarán reducidas las 66 empresas y fundaciones públicas existentes hasta ahora, estará presidida por el consejero de Economía, tendrá como vicepresidente ejecutivo al secretario autonómico del Sector Público Empresarial y un consejo de dirección de 15 miembros, entre ellos hasta siete consejeros de la Generalitat.

Ciscar reiteró la voluntad de la Generalitat de “colaboración máxima y absoluta con la justicia” en relación con la visita del Papa a Valencia en 2006 y las irregularidades que la Audiencia Nacional investiga en Canal 9 por adjudicaciones relacionadas con la retransmisión de los actos. Sin embargo, el Gobierno que preside Alberto Fabra no tiene prevista, explicó Ciscar, “ningún tipo de investigación interna” sobre la gestión del que fuera director general de RTVV, Pedro García, imputado al que varios técnicos han señalado como responsable de favorecer a la trama de corrupción del caso Gürtel.