La competencia y el veto europeo a las ayudas liquidan Unión Naval

La en otros tiempos potente industria de los astilleros españoles vive un largo declive. El cierre de Unión Naval de Levante, centenaria empresa propiedad de Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, sigue el camino de otras empresas españolas, especialmente en Galicia, que se han enfrentado simultáneamente a un triple obstáculo. La competencia internacional —especialmente intensa en Asia—, la crisis económica y el veto de Bruselas al modelo de bonificaciones fiscales aprobado por el Gobierno en 2002. Este régimen permitía ahorrar casi un tercio del coste de construcción de los barcos, y ha sido considerado por la Comisión Europea como una probable ayuda de Estado y por tanto incompatible con la normativa comunitaria. El peligro es potencialmente mayor, porque Bruselas podría obligar a devolver las ayudas por importes millonarios.

El cierre de Unión Naval de Levante fue anunciado el martes por Comisiones Obreras, que informó de la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa y que afectaría a la totalidad de la plantilla, de 81 trabajadores. La compañía, integrada en Boluda Corporación Marítima, confirmó la noticia el miércoles, pero matizó que no renunciará a la concesión de los terrenos que tiene hasta la próxima década en el puerto de Valencia.

La compañía no renunciará a la concesión de terrenos portuarios

Mantendrá en ellos “actividades compatibles con el objeto de la concesión”, indicó, en lo que se interpretó como la continuación del área de reparación mientras se abandona la de construcción. Unión Naval se había especializado en la fabricación de remolcadores. Tiene en marcha la construcción de cuatro para el puerto de Amberes “cuya finalización está prevista sin incidencias este otoño”. Esos cuatro remolcadores eran los únicos encargos que tenía y tras el cierre de la fábrica serán probablemente los últimos que se construyan en Valencia.

Boluda Corporación Marítima atribuyó el cierre a la paralización de las bonificaciones fiscales (llamadas tax lease) por parte de Bruselas. “Como consecuencia”, señalaba el comunicado, “los astilleros españoles no cuentan con un marco legal que les permita acceder al mercado y contratar nuevos buques en las mismas condiciones que el resto de astilleros europeos que disponen de sistemas de tax lease y que precisamente son los denunciantes del sistema español”. Se ha especulado, aunque no hay confirmación oficial, que las denuncias del sistema español fueron presentadas por socios de la UE con larga tradición en el sector, como Holanda, Francia y Portugal.

El comunicado del grupo de Vicente Boluda apuntaba a continuación a un exministro socialista: “Las reiteradas negativas del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, a admitir las alternativas para el nuevo régimen propuestas por el Estado español, rechazando la adaptación al sistema francés que él mismo planteó”, sumado al hecho de que aún no se ha determinado la legalidad del régimen español —de lo contrario se abriría la puerta a la devolución de ayudas— “provocan consecuencias demoledoras para la actividad naval en España”.

Almunia, en una entrevista concedida al Faro de Vigo, aseguró que el Gobierno remitió a Bruselas la semana pasada —“no hace un mes, no hace tres meses, no hace seis”, declaró el comisario— documentación sobre un nuevo régimen de tax lease, aunque agregó que todavía no está claro que reúna los requisitos para ser considerada una “propuesta formal”. Si se confirma la oficialidad, Almunia se comprometió a responder “lo más rápido posible”; “pero claro, lo que no se puede pedir a la Comisión Europea es que adopte medidas sobre un régimen español que no le ha sido notificado”.

El comisario reconoció que durante el último año ha habido conversaciones y reuniones pero sin propuesta formal. Y no se mostró optimista sobre el dictamen que Bruselas acabe emitiendo sobre el anterior sistema: “Yo no apostaría mucho por la compatibilidad total del régimen anterior. Todo el mundo reconoce que iba bastante más allá de las reglas establecidas para casos similares”, afirmó.

La paralización del sistema de bonificaciones, adoptada por el anterior Gobierno el 1 de julio de 2011, ha agravado la situación de los astilleros españoles. Pero su ocaso venía de antes. En 2010, con el sistema aún en vigor, Boluda Corporación Marítima cerró las instalaciones que tenía en Barcelona y antes lo había hecho con otras que tenía en el puerto francés de Marsella. La empresa afirmó que intentará llegar a un acuerdo con los trabajadores de Valencia, “una parte importante de los cuales” podrían ser prejubilados.