El PSC pide que solo se multe a los clientes de las prostitutas en Barcelona

Que paguen las multas los clientes de la prostitución callejera, pero no las mujeres. Es la propuesta que hace ahora el grupo municipal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona al gobierno de CiU cuando sobre la mesa está la revisión de la ordenanza del civismo de 2006, que impulsó el entonces gobierno socialista. En aquella ocasión se aprobó un régimen de sanciones por igual tanto para la prostituta callejera como para el cliente si se producían determinados supuestos: que monopolizaran el espacio público o que se estuviera cerca de las escuelas.

Ahora el PSC cree que la prostitución callejera existe porque hay demanda y porque detrás están las redes organizadas. De ahí su cambio de criterio y apostar por no perseguir a las mujeres y sí, en cambio, a los clientes y disuadirles con sanciones que irían entre los 1.000 y los 3.000 euros. “Proponemos sancionar estrictamente la demanda de prostitución, en ningún caso a las mujeres, que creemos que se ven obligadas a ejercer la prostitución en el espacio público”, sostiene la concejal socialista Assumpta Escarp. Esas son las enmiendas que han presentado a la modificación de la Ordenanza de Convivencia que presentó el Partido Popular para prohibir totalmente la prostitución en la calle y sancionar con una multa de 300 euros a clientes y prostitutas sin previo aviso por negociar un servicio sexual.

La propuesta, que fue apoyada por el gobierno de CiU, inició la tramitación en marzo pasado. Tras ser sometida a información pública, tiene que ser debatida y aprobada por el pleno para, previsiblemente, entrar en vigor este verano. Fuentes municipales apuntaron que la postura del gobierno es sancionar más a los clientes que a las prostitutas y que eso ya se está haciendo en los últimos meses. Pero la posibilidad de exonerar por completo a la prostituta del pago de las sanciones creen que es incompatible con unas normas prohibicionistas a ambas partes. En cualquier caso, creen que es posible llegar a un amplio acuerdo entre los grupos políticos.

Paralelamente, la Generalitat ultima los trámites para multar en las carreteras. El consejero de Interior, Felip Puig, defendió este miércoles la medida pionera de su departamento de sancionar tanto a las mujeres como a los clientes que negocien servicios sexuales en los arcenes y recovecos de las carreteras catalanas. “Actuamos por una vía compleja”, admitió Puig. Interior ha modificado la ley para incluir el artículo 56.4, según el cual, esgrimiendo seguridad vial, se puede perseguir la prostitución en las vías públicas.

Puig, sin embargo, considera que la mejor forma de combatir la prostitución callejera es estipularla como delito en el Código Penal, algo que, según dijo, ya le ha hizo llegar al ministro de Interior, Jorge Fernández-Díaz, en la primera reunión que mantuvieron. Hasta ahora, el Gobierno del Partido Popular no se ha pronunciado al respecto.

También con el Gobierno central Puig tiene que debatir qué consecuencias va a tener la iniciativa de multar en las vías públicas. Los Mossos en la actualidad son los responsables de sancionar en cualquier carretera que pasa por Cataluña. Pero el Gobierno catalán solo puede modificar la legislación en aquellas vías que son de titularidad autonómica.

En la práctica, eso significa que prostitutas y clientes se enfrentarán a una normativa distinta, dependiendo si están en la carretera N-II (donde se acumulan buena parte de las chicas) o en cualquier carretera comarcal.

Puig aseguró que los Mossos multarán a mujeres y clientes en ambos casos. Si la carretera es de titularidad catalana, el Servicio Catalán de Tráfico tramitará la multa (que puede llegar hasta 30.000 euros). En el resto de vías, Puig indicó que harán llegar la sanción a la delegación o subdelegación de Gobierno correspondiente. El Gobierno central decidirá entonces qué hace con ella. Fuentes del Ministerio de Interior mostraron serias dudas sobre si podrán tirar adelante esas multas.

El Departamento de Interior admite, sin embargo, que la principal intención es disuadir tanto a chicas como clientes. En las “próximas semanas”, aseguró Puig, la policía catalana empezará a multar en las carreteras. La polémica medida se ha ido posponiendo sucesivamente.