La protesta, un “ataque directo a miles de trabajadores” según Cifuentes

Delegación del Gobierno, los grupos políticos en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital y el propio Consistorio han condenado el segundo sabotaje en el metro por el método de tirar del freno de emergencia, registrado esta mañana hacia las 8.30 en 10 estaciones de siete líneas. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno regional, que en la anterior protesta llegó a hablar de kale borroka y a afirmar que se puso en peligro la vida de los viajeros, ha censurado el sabotaje.

En declaraciones enviadas por la Delegación a las agencias, su responsable, Cristina Cifuentes, considera que el sabotaje de esta mañana en Metro de Madrid es "un acto muy insolidario" y un "ataque directo a los miles de trabajadores que diariamente tienen que utilizar" el suburbano "para ir a su trabajo". Los activistas, en cambio, consideran que es un acto pacífico para demostrar que "los ciudadanos de Madrid no aceptan la fuerte subida de tarifas y que están decididos a actuar para pararla".

Cifuentes señala que los "saboteadores no han conseguido su objetivo de paralizar el suburbano un tiempo relevante". "Esto sin duda ha causado molestias a los usuarios, pero ha sido poco relevante", añade. La delegada informa de que la Policía Nacional ha abierto una investigación y está analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los autores de los hechos, a los que "se les va a exigir todas la responsabilidades administrativas y penales que la ley prevé".

Los grupos parlamentarios de PP, IU y UPyD en la Asamblea han rechazado el boicot así como cualquier acción que "pueda poner en peligro el funcionamiento" del servicio. Por parte del PP, su portavoz, Iñigo Henríquez de Luna, ha mostrado la "más enérgica condena e indignación", ya que en un Estado de Derecho "este tipo de comportamientos son intolerables". "Espero que se depuren responsabilidades", ha esperado Henríquez de Luna, quien ha reclamado que la Policía investigue a los autores, "les persiga y se puedan iniciar procedimientos penales".

Por su parte, el portavoz de IU, Gregorio Gordo, ha indicado que rechazan "cualquier tipo de acción que pueda poner en peligro el funcionamiento de Metro", y ha señalado que "en ningún caso" pueden avalar acciones de estas características. Desde UPyD, Luis de Velasco, ha afirmado que si efectivamente se paró el Metro, "debe ser sancionado" el que haya llevado a cabo esta acción.

En el Ayuntamiento de la capital, más de lo mismo. PP, UPyD e IU han censurado el sabotaje y han subrayado la necesidad de ajustarse a los cauces democráticos para realizar protestas. El portavoz municipal del grupo popular y delegado de Economía y Empleo, Pedro Calvo, lo ha tildado de "boicot intolerable" y ha destacado que, además del "riesgo a la seguridad", se genera "una incomodidad" a miles de ciudadanos que utilizan un servicio "esencial". Desde IU, Ángel Pérez ha dicho que estas actuaciones "no contribuyen a nada" y ha asegurado que existen formas de protestas más "efectivas" y "colectivas", como las amparadas por el derecho de manifestación.