El PP rechaza la banca pública gallega porque es "politización y localismo"
Los populares y UPyD desbaratan en el Congreso una proposición de ley del BNG
El PP rechazó ayer en el Congreso de los Diputados la creación de un banco público gallego con los restos de las cajas de ahorro argumentando que eso sería “politizar” las entidades e introducir criterios “localistas”.
Politizar es según la RAE “dar orientación o contenido político a acciones o pensamientos que corrientemente no lo tienen”. Y en segunda acepción “inculcar a alguien una formación o conciencia política”. Pero hace tiempo que hasta los políticos han asumido como propias las connotaciones despectivas del término.
El PP desbarató ayer la proposición de ley del BNG para que el FROB cediese su participación en los bancos rescatados a las comunidades autónomas. El texto que presentó el Bloque y que apoyaron CIU, PNV e Izquierda Unidad ni siquiera se tomará en consideración. El PSOE se abstuvo. Y UPyD y Partido Popular votaron en contra. Por el PP fue la diputada Irene Garrido quien defendió aseguró que los nacionalistas gallegos “tienen como objetivo perpetuar el modelo politizado y localista que ha fracasado”. Garrido respondió así a las críticas del diputado del Bloque, Francisco Jorquera, al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por haber dicho que la banca pública no es “actual ni occidental”. En realidad, el PP mostró su rechazo frontal a la ley que pretendía impulsar el BNG. No considera “apropiado que “las administraciones públicas tengan derecho a suscribir los activos desinvertidos” porque debe ser el FROB quien determine la mejor oferta desde el punto de vista económico”.
El argumento del PP es que como el objetivo último es lograr la viabilidad de las entidades intervenidas, tampoco las comunidades autónomas pueden sustituir al FROB en los nombramientos de cargos para los consejos de las entidades porque se trata de buscar representantes “con experiencia y capacidad”. “Entendemos que el criterio de territorialidad y subsidiariedad es ajeno a que esas personas gestionen y tengan conocimientos”, aseguró.
El Bloque pretendía que la Xunta asumiera el control de Novagalicia
El parlamentario de UPyD fue aún más lejos y advirtió que “la territorialización de las cajas” está “en el origen de los problemas” del sector financiero.
Antes, Jorquera había trazado un diagnóstico demoledor de las cuatro reformas del sistema financiero abordadas por los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, dos cada uno. Su proposición de ley estaba pensada para que el Gobierno cediese su participación en Novagalicia Banco, la entidad salida de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia a la Xunta. Pero reclamaba también que el Gobierno gallego tuviera prioridad a la hora de hacerse con el banco en un plazo de 10 años y sin costes adicionales. Solo de ese modo, subrayó Jorquera, se podrá “evitar el expolio del ahorro de los gallegos”. El diputado nacionalista defendió que el proceso de bancarización de las cajas acabará con un “oligopolio” en España, una “recentralización” que no atenderá a los territorios menos poblados, ni favorecerá al tejido productivo de las comunidades o la obra social.
Jorquera: “Es el único modo de evitar el expolio del ahorro gallego”
En el mismo sentido se posicionó el grupo de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, quien pidió no demonizar la obra social de las cajas “que han jugado un papel determinante para las políticas sociales”. También PNV y CIU estaban por apoyar el texto del Bloque que chocó contra la mayoría del PP.
El PSOE a través de su diputada Cristina Narbona optó porla abstención. Tras subrayar que este partido respeta algunos de los planteamientos de Jorquera, lamentó que en la sesión el debate se hubiera abierto “hacia el conjunto de la reforma del sistema financiero”. La parlamentaria admitió que hubo “errores en la gestión y en la supervisión” de los bancos y abogó por introducir más transparencia, lo que, a su parecer, debe pasar por exigir responsabilidades a los gestores de las cajas. El caso de Aurelio Izquierdo, ejecutivo de Bankia que recibirá 14 millones en indemnizaciones, sobrevoló el debate. Todos los partidos se posicionaron en contra.
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