La Xunta reconoce que dejó de admitir facturas el último trimestre de 2011

El cierre del Presupuesto de 2011 decretado por la Xunta el pasado 30 de septiembre fue algo más que un mero trámite, como entonces argumentó la Consellería de Facenda. Se trataba, en realidad, de “garantizar el cumplimiento de estabilidad presupuestaria”, o lo que es lo mismo, del objetivo del déficit, ante unos gastos desbordados que excedían ampliamente los ingresos previstos. Técnicamente, la Xunta no guardó facturas en el cajón, como acusó el miércoles el líder del PSdeG, Pachi Vázquez, pero lo que la Consellería de Facenda hizo se le asemejó mucho: ordenar que no se generase ninguna a partir de esa fecha, cuando faltaba todavía un trimestre para concluir el ejercicio, bajo la advertencia de que no sería abonada.

Seis días después de que Alberto Núñez Feijóo polemizara en el Parlamento con Vázquez por el cierre anticipado del Presupuesto, el grupo socialista volvió a plantear la cuestión en la Cámara. La interventora general de la Xunta, Almudena Chacón, no se anduvo con rodeos. Al “observar que no se pueden pagar” nuevos compromisos de gasto, se decidió “no iniciar nuevos expedientes”, explicó en respuesta a la diputada del PSdeG María José Caride. Las obligaciones contraídas en ese último trimestre no fueron “contabilizadas”, por lo que su pago se aplazó a “los primeros días del año siguiente”. Es una técnica que figura en la Ley de Presupuestos que “no impide la recepción de facturas”, aunque la interventora tampoco garantizó su pago.

Feijóo arremetió contra Pachi Vázquez por decir que la Xunta metía facturas en el cajón

Tras su enfrentamiento en la sesión de control al Gobierno, Feijóo acusó Vázquez de mentir, y le recriminó su “déficit de madurez” por culparle de meter facturas en el cajón para aparentar el cumplimiento de déficit. Pero las acusaciones de los socialistas gallegos son casi idénticas a las que realizó en diciembre pasado el PP de Andalucía, al tachar de “gravísimo” el cierre anticipado del Presupuesto de la Junta del socialista José Antonio Griñán el 30 de noviembre, dos meses después que la Xunta. La decisión de la Junta, acusó entonces el PP, “retrasa al ejercicio siguiente un volumen de pago importante”, una decisión que atribuyó a la “dificultad” del Gobierno andaluz para cumplir el objetivo de déficit. El caso de Galicia fue citado por la consejera de Presidencia de Andalucía, Mar Moreno, para defenderse de las acusaciones de los populares. Como apuntó la representante del Gobierno de Griñán, otras autonomías recurrieron a la misma técnica, aunque ninguna con tanta anticipación. Así, por ejemplo, Murcia decretó el cierre el 18 de noviembre; Castilla y León, el 2 de diciembre, y el País Vasco, el 30 de noviembre.

En el debate de ayer, Caride subrayó que el cierre anticipado es una práctica habitual de la Xunta de Feijóo, aunque nunca con un trimestre de antelación. En 2008, Facenda ordenó dejar de emitir facturas el 26 de noviembre; en 2009 lo hizo el 9 del mismo mes, y en 2010, el 15 de octubre, para antipar el plazo hasta el 30 de septiembre del pasado año. “En la práctica, supone cerrar el Presupuesto a todos los efectos” con tres meses de adelanto, y reduciendo por lo tanto su vigencia a “un período cada vez más corto”.

La Xunta, acusó la exconselleira, “echó la llave” al Presupuesto, con el único objetivo de “cuadrar las cuentas”. Tras señalar que el cierre del ejercicio “impide licitar obra nueva” o crear “nuevos programas de subvenciones”, consideró “irresponsable” utilizar esta herramienta “en lo peor de la crisis económica”. Caride se aferró a los datos que ayer mismo ofreció la interventora general para concluir que, de los 987 millones de euros del crédito vigente de 2011, en los últimos cinco meses del año la Xunta solo comprometió 62 millones de gasto (el 6,2% del total) y efectuó pagos por 145 millones (14%). Eso supone “la total paralización de las inversiones directas”, acusó, lo que, “sin duda, tiene consecuencias en la recesión económica iniciada en el último trimestre”.

Almudena Chacón defendió el cierre del ejercicio como medida para “disciplinar el gasto”, sin que ello implique “dejar de pagar”. “Se garantiza que se paga lo comprometido a esa fecha y que no se inician nuevos expedientes de gasto”, explicó la interventora, que recordó que partidas como la renta de inclusión social o de farmacia hospitalaria están excluidas del cierre.