La oposición reclama suavizar la moratoria a los derribos
El PP anuncia que promoverá la dación en pago en la nueva Lei de Vivenda El BNG pide ampliar hasta mañana la presentación de enmiendas
Cambios, sí; eliminación, no. Los grupos de la oposición renuncian a eliminar de la Lei de Vivenda el artículo que paraliza los derribos de viviendas con licencias declaradas ilegales por sentencia firme. No habrá enmiendas de supresión para la disposición adicional sexta, que establece la exigencia de indemnizar a los propietarios antes de ejecutar las demoliciones, sino solicitudes para que se reformule la definición.
El plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley, que concluía ayer, se amplió hasta mañana a petición del BNG. Los socialistas tienen preparadas casi 40 enmiendas, pero las que hacen referencia a la paralización de los derribos tienen como objetivo “mejorar la disposición adicional”, que no suprimirla. Y ello a pesar de que el grupo socialista reconoce abiertamente que la moratoria a los derribos “no gusta”, como reconoce el portavoz de vivienda del grupo socialista, Luis Toxo.
El PSOE reconoce que está “todo en el aire” en lo que se refiere a la viabilidad legal de la moratoria, después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre un artículo muy similar de la Ley del Suelo cántabra. Sin embargo, los socialistas optan por buscar una fórmula que dé cobertura, sobre todo, a los compradores “de buena fe”.
De las enmiendas nacionalistas no ha trascendido nada, en tanto que el PP ha puesto el acento en la dación en pago. Su portavoz parlamentario, Pedro Puy, anunció la presentación de propuestas para “mejorar” la ley, admitida a trámite en el último pleno tras rechazarse las enmiendas a la totalidad de PSOE y BNG. Puy recordó que recientemente se aprobó una norma estatal que contempla determinados mecanismos para que se pueda dar soluciones y evitar desahucios en el caso de aquellos ciudadanos que viven situaciones de “extrema dificultad” por causas ajenas a su voluntad. El diputado afirmó que “ese espíritu” es el que se quiere transmitir a la ley gallega.
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