El rebaño de las viviendas ilegales

Durante la campaña municipal de 2011, Marisol Ayala, portavoz del Partido Vecinal Regionalista, fue casa por casa y prometió que si llegaba a gobernar en Chiclana (Cádiz) lo primero que haría sería derogar las ordenanzas para regularizar las 15.000 viviendas ilegales existentes. Y cuando ha podido tocar poder, gracias a un pacto con el PP, es lo primero que va a cumplir. Su partido nació de los intereses de los dueños de estas construcciones, que querían tener servicios básicos, pero sin pagar el dinero que pretendía el Ayuntamiento. Ahora Ayala es la nueva concejala de Urbanismo. Y tiene en sus manos resolver las demandas de los vecinos que, como ella, levantaron o compraron sus casas en medio de un profundo caos urbanístico.

Chiclana permitió durante muchos años que se levantaran viviendas sin control. Empezaron como campitos donde pasar el fin de semana. Después una casa, una piscina, un barrio. Todo en suelo sin urbanizar. Muchas de esas construcciones han acabado como primeras residencias. El Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, inició un proceso de legalización que promovía inversiones para la llegada de la luz, el agua y alcantarillado a cambio de que los propietarios pagasen una importante parte del proceso. Ahí empezaron los problemas. Porque los dueños no querían pagar el dinero solicitado.

Las denuncias de este caos urbanístico restaron apoyos al PSOE que en 2007 perdió la alcaldía por un cuatripartito que llegó a unir a PP, IU, PA y PSA. Duró dos años y no pudo avanzar en la legalización de estas casas. Tampoco lo logró el PSOE cuando recuperó la alcaldía tras una moción de censura. Los socialistas continuaron con sus ordenanzas. Ni siquiera el ofrecimiento de facilidades de pago convenció. Así nació una plataforma de dueños de estas casas que protagonizó multitudinarias movilizaciones antes de las elecciones municipales de 2011. El masivo respaldo animó a su líder, Miguel Pérez, y su esposa, Marisol Ayala, a presentarse a los comicios bajo las siglas PVRE, Partido Vecinal Regionalista.

No vamos a enriquecer al Ayuntamiento Marisol Ayala, concejal de Urbanismo de Chiclana

Contra todo pronóstico el PVRE obtuvo dos ediles. Fue la tercera fuerza tras PP y PSOE. Los populares empezaron a gobernar en minoría pero, tras un año de dificultades, han optado por pactar con el PVRE. Y ese acuerdo establece que este partido ostentará Urbanismo y Vías y Obras, o lo que es lo mismo, todas las inversiones, licencias, y revisiones de sanciones urbanísticas pasarán por sus manos. “Es como poner al lobo a guardar el rebaño”, dicen IU y Ecologistas en Acción. “Es una vergüenza que controle el urbanismo quien defiende intereses particulares”, sostienen.

Pero el PP ni se inmuta. Su alcalde, Ernesto Marín, dice haber entregado esta área tan sensible sabiendo que en tiempos de crisis no hay dinero para grandes operaciones y garantizando que todo lo que se haga será legal. “Las viviendas ilegales son un problema social y hay que actuar”. Y el PVRE asume su llegada al gobierno como el que ha cumplido un plan perfectamente trazado cuando se presentaron a las elecciones. Ayala, natural de Villambistia, en Burgos, se instaló en Chiclana con su marido y su hijo hace casi una década. Quería tranquilidad pero sus inquietudes vecinales y después políticas la han apartado de ese propósito. Durante la campaña anunció que su primera medida sería derogar las ordenanzas que imponen pagos para legalizar las casas. La semana que viene lo ejecutará.

El programa de gobierno contempla también bajar las multas urbanísticas y congelar el IBI. Queda ahora saber qué hará cuando a su despacho empiecen a llegar los vecinos a los que pidió su voto puerta a puerta. Esos que dicen que quieren legalizar sus casas pero argumentan que no tienen dinero para ello. “Nosotros no hemos pedido el gratis total. Hemos dicho que estamos dispuestos a pagar pero nunca el dinero que no tenemos. No vamos a empobrecer un pueblo para enriquecer el Ayuntamiento”. Fue lo que dijo antes de convertirse en edil de Urbanismo.

No hace mucho que la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz había alertado del creciente poder de los vecinos de estas casas ilegales. Les llegaba a denominar lobbies, grupos de presión que podían influir en decisiones políticas. Entonces no se imaginaba que esos vecinos llegarían a ser los políticos que tomaban las decisiones.