La hora de las casas ilegales

Durante los últimos 30 años crecieron como setas. Y ahora eliminarlas no va a ser nada fácil. El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), auxiliado por la Junta de Andalucía, ha emprendido la fase decisiva de uno de sus objetivos más ambiciosos y complejos: regularizar más de 15.000 viviendas ilegales. Ha buscado la solución mediante unas ordenanzas que han repartido la ciudad en áreas y que fija la disposición de servicios básicos como el agua potable o el alcantarillado. El coste ha de ser asumido por los propietarios que construyeron sin permiso. Y he ahí el problema. Los que llevan años viviendo en casas que levantaron sin licencia no están dispuestos a pagar el precio que el Consistorio, encabezado por el socialista José María Román, les pide. Lo consideran desorbitado. Si los vecinos no pagan, el plan está destinado al fracaso y prolongará sin fecha la compleja situación irregular urbanística de la ciudad. También pondrá en duda una política que el Gobierno andaluz quería extender a otros puntos de la comunidad.

La manifestación de ayer, que reunió a más de 4.000 personas, era la expresión pública de los que se oponen al proceso de regularización impulsado por el gobierno municipal socialista. El inventario realizado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio establece que en Chiclana hay 15.007 casas ilegales. De ellas, 10.632 están dentro de las nuevas áreas de gestión básica y entran dentro de este proceso de legalización que ha comenzado con la apertura de una oficina y ha continuado con la elaboración de unas ordenanzas que establece los pasos que se deben seguir y se establecen los costes que, según la primera estimación, oscila entre los 30.000 y los 140.000 euros. En este precio está la solución administrativa para hacer la vivienda legal y las obras para dotarla de servicios básicos como alumbrado, alcantarillado o suministro de agua potable.

Pero muchos no están dispuestos a pagar ese dinero. Y no es una cuestión política. También rechazaron las anteriores ordenanzas propuestas por el anterior equipo de gobierno de IU y de PP. Es una cuestión económica. "Es algo inasumible y más en estos tiempos", advierte Miguel Pérez, portavoz de la plataforma que convocó la manifestación. La mayoría de ellos han solicitado, con el apoyo de la oposición municipal, que sea la Junta y el Ayuntamiento los que paguen el 75% de ese dinero. En su argumentario, el hecho de que ambas administraciones permitieron durante años que las setas del urbanismo ilegal crecieran sin control en Chiclana.

La última propuesta de esta plataforma, que engloba a un buen número de asociaciones, es que los propietarios paguen algunos servicios básicos, los más demandados, y que el Ayuntamiento retrase el resto del proyecto hasta tener un nuevo plan general, ya que el actual, aunque recurrido, está anulado por el TSJA.

Otras como José Antonio Sánchez, de la Federación Norte, proponen que sea el Ayuntamiento el que solicite, avalado por la Junta, un gran préstamo de 360 millones de euros (el coste estimado de la regularización) y que los propietarios paguen en cuotas mensuales no superiores a 80 euros al Consistorio. "Los bancos no nos van a dar préstamos a todos para pagar los precios que están pidiendo", advierte. El movimiento vecinal, que ha incorporado también tintes políticos, ha derivado también en la plataforma Chiclana justa, un colectivo que no quiere que el dinero público se invierta en ayudar a los que levantaron sus casas sin permiso. "Que pague quien en su momento no pagó", dice su portavoz, José Izquierdo.

El Ayuntamiento lo tiene difícil. Busca fórmulas para reducir el coste: créditos blandos, ampliación de plazos, o contratación individual de las obras. Pero sigue sin convencer a todos. Sin vecinos dispuestos a pagar, las setas del urbanismo ilegal seguirán en Chiclana.