Los recortes amenazan los empleos de 2.500 discapacitados mentales

Los recortes presupuestarios están poniendo en peligro el modelo exitoso de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, pero especialmente el de los discapacitados mentales. Los nuevos presupuestos del Estado incluyen un doble recorte a la inserción laboral de este colectivo. Por un lado, se secciona el 56% de las ayudas destinadas a encontrarles un trabajo y, por otro, el Gobierno solo pagará el 50% del salario mínimo interprofesional de estos empleados (ahora cubría el 75%). Las entidades sociales alertan de que los recortes conducirán al cierre a más de un centenar de asociaciones, dejando en la calle a 2.500 disminuidos, una tercera parte de los que trabajan en un centro de inserción.

Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector, que agrupa a 4.000 entidades sociales, califica los recortes de “política sin alma” y alerta de que sus consecuencias pueden resultar nefastas y no tener marcha atrás. Si los discapacitados pierden su empleo, “algunos de ellos seguramente no tendrán nunca más una oportunidad de ocupación ni de recuperación, porque para muchas personas tener un trabajo les ayuda a sentirse útiles, pero también significa dignidad”.

Los recortes afectan de manera sangrante a los 112 centros especiales de trabajo (CET) que gestionan las entidades sin ánimo de lucro y que ocupan a 7.300 discapacitados. Las subvenciones disminuyen por todos los lados y las asociaciones se ven incapaces de mantener este servicio con los nuevos recortes estatales.

“Se van a cargar la lucha de décadas por integrarlos”, se quejan las entidades

Las entidades lamentan el desmantelamiento de un modelo de inserción exitoso, que se inició en la década de 1970, en un momento en que la discapacidad era un tema tabú y algunas familias mantenían en secreto tener uno de sus miembros con esta discapacidad. En la década de 1980 empezaron a aflorar los CET, hasta llegar a los 112 actuales. “Se van a cargar [las Administraciones] la lucha de décadas por integrar a los discapacitados”, protesta la presidenta de Dincat, Lola de la Fuente.

En la cuerda floja también caminan, aunque por otros motivos, los CET que dependen de las obras sociales de cajas de ahorros desaparecidas o absorbidas por bancos. Es el caso de Fupar, un centro de inserción creado en Terrassa (Vallès Occidental) en 1971 que alimenta la obra social de Unnim. Esta fundación todavía sigue abierta, pero por poco tiempo, ya que sobrevive de los fondos que tenían ahorrados y calculan que les durarán un año. Entonces Fupar se quedará al amparo de la voluntad del BBVA (la entidad que absorbió Unnim). David González, director comercial de Fupar, reconoce la incertidumbre en la que viven, pero confía en las promesas del banco de otorgarles subvenciones para proyectos concretos.

Servicios sociales, como una residencia, será 69 euros más cara al mes

Fupar atiende a 335 discapacitados mentales, de los cuales 140 (con más del 65% de disminución) trabajan en el centro ocupacional en actividades manuales. El resto están en el CET, donde elaboran ambientadores ecológicos, montan juguetes y se dedican a la limpieza, la jardinería y la impresión digital. Aquí también notan los recortes y desde hace dos años no pueden aceptar nuevas incorporaciones, por lo que dejan en la puerta a decenas de discapacitados que buscan entrar en este centro.

Las que ya está notando los efectos de los recortes en sus propias carnes son las entidades que trabajan con discapacitados físicos. Los ajustes se han cobrado la primera víctima de estas asociaciones. Ecom, que cuenta con 11 equipos que trabajan en la inserción de este colectivo anunció la presentación de un ERE para despedir a 40 de los 130 trabajadores. Debido al tijeretazo del 56% del Gobierno central a políticas activas de ocupación, el Servicio Catalán de Ocupación no convocará las ayudas para la inserción que permiten encontrar un empleo a centenares de discapacitados cada año.

A los recortes se sumó ayer el aumento de precios algunos servicios sociales. Un centro de día de atención especializada temporal o permanente para discapacitados pasará de costar 398,80 euros mensuales a 424,51 euros, mientras que las residencias se encarecen 69 euros, según Europa Press.

Para protestar contra los recortes, pero también para dar a conocer la realidad de estas entidades, Dincat y la plataforma Amfeina organizaron un acto de protesta este domingo en el Arc de Triomf de Barcelona, que congregó a varios miles de personas. “Nos va la vida, no solo a los discapacitados, sino a todo el sector”, remacha Lola de la Fuente.

"Si te esfuerzas, puedes hacerlo todo”

Clara Blanchar

Adrià Navarro no para. Cuando no está trabajando, toca la batería con sus amigos o está jugando a balonmano. Tiene 21 años, estudió en una escuela ordinaria y tras cursar módulos de inserción y hacer prácticas en varias empresas, hace más de un año que encontró trabajo en uno de los centros especiales de trabajo del grupo cooperativo TEB. Navarro se dedica al cultivo ecológico de setas en Sant Antoni de Vilamajor, al lado de Cardedeu (Vallès Oriental). Le gusta su trabajo: "Se trata de ir haciendo, sin parar, pero es un trabajo tranquilo, en el que vas a tu aire". Navarro considera que ha tenido "mucha suerte" de ir a la escuela ordinaria: "Si te esfuerzas, las cosas salen", dice. "Yo siempre he dicho que no tengo ninguna discapacidad y que puedo hacerlo todo".

Sobre los recortes presupuestarios que se avecinan y que ponen en riesgo su empleo, considera que “tienen una parte justa y otra injusta”. Y se explica: “Con algunas discapacidades solo se puede trabajar en centros especiales, pero si las empresas cumplieran la ley y contrataran discapacitados, si apostaran por nosotros, no habría este problema”. Navarro vive con sus padres, que consideran básico el trabajo de TEB para que Adrià pueda llevar una vida normalizada, con responsabilidades y obligaciones. De ahí, el temor al cierre de los centros. Su padre, Joan Carles, alerta de que “si estos chicos o adultos, que tienen una difícil incorporación al mundo laboral y no pueden elegir, no pueden trabajar, se verán condenados a quedarse en casa y a verse, una vez más, rechazados por su diferencia”.

“Lo más importante para nosotros es trabajar”

Clara Blanchar

Mireia de la Aldea trabaja en el albergue InOut, en Vallvidrera (Vallès Occidental), cerca de Barcelona, casi desde que abrió, hace siete años, en 2005. Es un establecimiento donde la mayoría de los trabajadores son discapacitados. "Trabajadores que necesitan protección", prefieren llamarlo en la entidad Icària Iniciatives Socials, a la que pertenece el albergue. De la Aldea tiene 35 años, una discapacidad intelectual y se encarga de la limpieza: dormitorios, baños, espacios comunes. Le encanta su trabajo: "Antes había trabajado en serigrafía y estaba bien, pero esto me gusta más, por el contacto con los clientes, que vienen de todo el mundo (Francia, Italia e incluso China) y porque estamos en plena naturaleza, en medio del bosque". El InOut es un albergue urbano pero está a 15 minutos de Barcelona en tren, en Collserola.

De la Aldea critica sin tapujos los recortes del Gobierno español que afectarán a los centros especiales de trabajo. "Lo hacen tan mal como pueden, el trabajo aquí es muy importante y me da mucha pena que la situación pueda cambiar, porque lo más importante para nosotros es trabajar, por el dinero y porque ganamos en autoestima y autonomía", lamenta. "Trabajar es importante para todo el mundo", insiste: "Para nosotros", personas como ella y sus compañeros, "y para el resto". Vive con sus padres y cuando no trabaja, a De la Aldea le gusta pasar tiempo con su novio, salir de fin de semana —"la semana pasada estuvimos solos en Girona, viendo Temps de Flors; nos encantó", explica—, pasear e ir al teatro.