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La Junta insta al Gobierno a que permita la asistencia sanitaria a los ‘sin papeles’

Andalucía busca la fórmula para que los inmigrantes sigan recibiendo atención médica

La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central que “rectifique” las medidas recogidas en el real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud. El Gobierno andaluz quiere que no se deje sin asistencia sanitaria a un colectivo “vulnerable” como es el de los extranjeros que se encuentran en situación irregular. Así lo defiende la directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta, Rocío Palacios, quien participó el jueves en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. En esa reunión se aprobó un informe en el que se insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a reconsiderar la medida que afecta a los inmigrantes sin papeles.

Palacios muestra su “rechazo” al decreto, pues considera que “la retirada de los derechos de atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular pone en riesgo no solo su salud, sino la de la población en general”. Palacios sostiene que Andalucía, junto a otras comunidades como Navarra, Cataluña, Canarias o el País Vasco, está “estudiando, dentro del marco competencial, la fórmula jurídica para ver en qué medida se puede prestar esa asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares”.

Palacios muestra su confianza en que “se reconsideren” las medidas adoptadas por el Gobierno y que se busque “un acuerdo con grupos políticos y representantes de la sociedad civil”.

El Foro Social para la Integración de los Inmigrantes es un órgano en el que están representados el Gobierno, las comunidades, municipios, sindicatos y entidades que trabajan con los colectivos de extranjeros. El informe en el que se pide al Gobierno que rectifique fue aprobado solo con los votos en contra de los representantes de la Administración central. Además, este órgano de consulta, información y asesoramiento, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, adoptó la decisión de realizar una convocatoria extraordinaria para abordar esta norma, pues, a juicio de Palacios, en la reunión del pasado jueves se tuvo “que analizar el decreto mientras se aprueba en el Congreso”.