“Si los sindicatos quieren despidos, que lo digan”

La entrevista es 24 horas después del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a punto estuvo de rechazar el plan de ajuste andaluz. Carmen Martínez Aguayo (Madrid, 1953) tendrá que hacer un recorte extra de 220 millones. "No estoy dispuesta a echar gente a la calle", dice.

Pregunta. ¿Le sorprendió que Montoro le advirtiera con tumbar el plan?

R. No me sorprende ya casi nada. Sí que creo que se podía haber evitado. Habíamos mandado la información con tiempo suficiente como para haber podido tener una reunión antes del Consejo y haber resuelto las discrepancias.

P. ¿Con cuánta antelación?

R. Estos procesos se hacen con mucha velocidad. Mandamos la información del plan el día 15. El Gobierno nos contestó el 16 por la tarde, a las 16.30. Y nos ponemos a preparar la contestación. A las 4.40 de la madrugada del día 17 me mandan las tablas definitivas, me parece que están bien y a las 9.30 lo remitimos a Madrid. No hubo ningún otro contacto. Para mi sorpresa lo plantean allí, públicamente. Lo lógico hubiera sido resolverlo antes del pleno, pero el ministro lo hizo así. Me parece inapropiado. Dijo que había dos planes que no se consideraban idóneos, el de Asturias y el de Andalucía, lo cual llama la atención.

No quiero pensar que Montoro actuara de manera partidaria

P. La objeción del Gobierno son los ingresos de 506 millones por los fondos europeos.

R. La principal es esa, sí. Comparto que no es un objetivo fácil. Es difícil, puede que no lo obtengamos y si no lo obtenemos tendremos que tomar más medidas.

P. ¿Entonces?

R. Eso no significa que no se vaya a obtener. Tan difícil como puede ser bajar el sueldo a los funcionarios. Tan difícil como otros planes de otras comunidades. Pues, claro, pero le he dicho que vamos a montar un equipo que acelere las verificaciones. Es difícil, sí, porque, entre otras cosas, parte de la voluntad del Gobierno de tramitar la documentación con la mayor celeridad y parte también de la voluntad de Bruselas. Tiene su complejidad, pero partamos de que nada de lo que aquí se plantea es fácil, nada.

P. ¿Montoro actuó de manera partidaria con dos comunidades gobernadas por el PSOE?

R. No quiero prejuzgarlo porque sé que él tiene las mismas dificultades que los demás, ¿no? Quiero pensar que la responsabilidad que tenemos es tan importante que eso no cabe aquí. No puedo ni quiero afirmarlo, ni quiero pensarlo. A nosotros se nos ha pedido información de una manera muy exhaustiva. Me gustará ver si eso es así con todos. No estoy de acuerdo con la cantidad de esfuerzo que se pide a Andalucía. ¿Cómo puede ser que Andalucía, una comunidad que tiene menos endeudamiento que la media, 3,3 puntos menos, sea la que aporte solo en esta medida de ajuste el 20,7%? No es razonable.

P. Llevan un año calculando ingresos por venta de inmuebles, pero el sistema financiero no está por esa operación.

Que se caigan las caretas y digan que se eche a interinos y eventuales

R. No, por esa operación no están los inversores. El sistema financiero no está con ninguna operación. Queda un año por delante, vamos a ver qué pasa. En el momento en que haya una ventana, esa operación saldrá. No ha salido porque los inversores no han querido hacerla al precio que el sector financiero ponía. Tampoco a nosotros nos interesa. Otras comunidades también lo tienen. No voy a renunciar a ese objetivo si supone un mayor ajuste del gasto.

P. ¿Están elevando la presión fiscal de manera indiscriminada con el céntimo sanitario por el consumo de gasolina y gasóleo?

R. Indiscriminada, no. Tomamos decisiones en el marco de nuestras competencias. No tenemos otras. Si tuviéramos competencias sobre el IRPF, si pudiera poner un impuesto a las grandes fortunas lo haría, sin duda.

P. ¿De dónde va a salir ese recorte extra de 220 millones?

R. De la inversión.

P. ¿La inversión en cuánto se va a quedar?

R. No lo sé todavía. Bajará, si estábamos en 571 a 771, en lo que haga falta.

P. ¿Eso no va a repercutir negativamente en la economía?

R. Todo va a repercutir negativamente porque el presupuesto público es un multiplicador de la economía. Nadie puede pensar que si se tocan las retribuciones del sector público no va a repercutir en que haya un menor consumo. Por eso insistimos en que el camino de reducción exclusivamente es equivocado. Por eso hacemos un planteamiento de aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas que incida lo menos posible en el empleo. ¿Qué gana la economía poniendo a una persona en el desempleo? Un gasto más del Estado, una persona más destruida o con muchos problemas y con un daño enorme que ni consume y que solo tendrá miedo.

P. Pero estamos hablando de un recorte de 700 millones en un año de la inversión.

Que se caigan las caretas y digan que se eche a interinos y eventuales

R. Sí, sí, en los capítulos 6 y 7, en gastos de capital. No tengo detallado en cuánto afecta directamente a obra directa, que ya está muy afectada y se va a ver muy afectada. No se va a empezar nada nuevo. Hay que volver a decidir qué se hace y qué no y con qué criterio, porque la bajada es de tal magnitud que afecta a todo lo que está en marcha. Tenemos de alguna manera protegido lo que son las obras en los colegios, el tema de bosques, de lucha contra incendios. Pero el tema de las grandes obras es algo que hay que replantearse en su totalidad.

P. ¿Cómo les va a afectar a las 261.399 personas que perciben una nómina de la Junta el recorte salarial?

R. En bloque, 777 millones.

P. ¿Cómo les va a afectar de media a los trabajadores?

R. Cuando se acabe la negociación lo sabremos. Ahí están los sindicatos para decidir, pero es una decisión que tiene que tomarse junto con la parte social. Si después de discutir y negociar, lo que se dice es que prefieren que haya 37,5 horas y que haya una parte que se vaya a despidos, que lo diga la parte sindical. No estoy dispuesta a echar gente a la calle. Lo que tengamos que hacer viene obligado por el Estado. Tengo la obligación de poner la jornada laboral a 37,5 horas y a partir de ahí se abre un árbol de decisiones. El Gobierno ha puesto sobre la mesa cuál cree que es la decisión más correcta, pero si los sindicatos piensan que es otra, que lo digan.

P. Pero usted tiene que recortar 777 millones en salarios.

R. Sí, sí, ese es el dato.

La otra manera de reducir es despedir a 23.000 o 24.000 personas

P. Quieran o no los sindicatos.

R. Pero eso se puede hacer de muchas maneras.

P. ¿Y cuál es la otra manera?

R. Despedir a 23.000 o 24.000 personas. Esa es la otra manera.

P. Y quiere que eso se lo digan los sindicatos.

R. Yo quiero que los sindicatos opinen también sobre eso. La responsabilidad que hay que asumir ahora es colectiva: de la sociedad en su conjunto, del Gobierno y de la parte social, de todo el mundo, y todos tienen que dar su opinión.

P. Pero esa cifra va a misa.

R. Sí, la cifra va a misa y el cómo, que se diga. Todas las medidas que se están poniendo ahí, esas u otras, tienen que ir en un decreto ley que se va a tramitar. Es el momento de tomar una responsabilidad colectiva.

P. UGT y CC OO están en una posición más abierta y el sindicato Safja [el de los funcionarios] dice que a la Junta los trabajadores externos le cuestan 1.046 millones.

R. Nosotros tenemos 22.000 personas que mayoritariamente trabajan en el hospital de la Costa del Sol, en el hospital de Poniente, en la fundación que atiende a los enfermos mentales, en el personal que trabaja en el Infoca...

P. También en IDEA y en la Empresa Pública del Suelo.

R. ¿Todo eso sobra? ¿Todo eso es lo que quiere Safja que elimine la Junta? ¿La propuesta que hace Safja es que no tengamos Empresa Pública del Suelo, que no se tenga una agencia de desarrollo y promoción y apoyo al desarrollo empresarial? Que lo digan con claridad. No estoy ya dispuesta a escuchar demagogia de nadie, porque el momento de la demagogia pasó aquí ya hace mucho tiempo. Que se diga que se eche a todos los interinos y a los trabajadores eventuales que tiene la Junta. Que se les caigan las caretas al personal, porque me gustaría saber también si todos los funcionarios que el Safja representa han entrado con los criterios de pureza y de dignidad que reivindican.

P. ¿La reforma laboral se va a aplicar en empresas públicas?

R. No puedo contestar a eso. La reforma laboral tendrá cosas razonables y otras muchas que no. En lo que sea obligatorio, cumpliremos las leyes y en lo que sea optativo tomaremos nuestras propias decisiones.

P. Valderas dijo que, llegado el momento, si hay despidos, no se aplicarán las indemnizaciones de 20 días, sino de 33.

R. Si lo dice el vicepresidente, lo dice con toda la razón. Habla por el Gobierno.

P. La consejera de la Presidencia no decía eso. Afirmaba que en ese caso un interventor no lo iba a autorizar.

R. No es incompatible lo uno con lo otro.

P. Si el Gobierno central le obliga, ¿tiene más margen?

R. El mundo está cambiando a tal velocidad, es tal la información que se tiene que aportar para saber lo que se tiene que hacer que sería irresponsable por mi parte hacer comentarios de ese tipo. Lo que tenemos que hacer es cumplir el plan para ganar confianza. Este país ha perdido mucha confianza. Nuestro país no se lo merece. Vamos a centrarnos en lo que hay que hacer entre todos y empezar a cambiar el rumbo de la economía.