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LA TRAMA DE LAS AYUDAS A LA COOPERACIÓN

La juez imputa a 22 personas por el fraude de cooperación

La instrucción no ha podido precisar el dinero supuestamente defraudado en Solidaridad

La causa está abierta por malversación, fraude, blanqueo, cohecho y falsedad documental

La magistrada Nieves Molina, que instruye la causa que investiga el fraude en las ayudas a la Cooperación de la Generalitat, ha imputado a 22 personas por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. La juez, titular del juzgado de Instrucción número 21, ha levantado hoy el secreto de las diligencias previas de la causa, que persigue un supuesto fraude de las subvenciones concedidas por la entonces denominada Consejería de Solidaridad y Ciudadanía entre 2008 y 2011, cuando su titular era el popular Rafael Blasco.

La investigación no ha podido precisar la cantidad de dinero sustraído, aunque la dinámica empleada era hinchar las facturas que justificaban el dinero concedido. Según la juez, los imputados habrían desviado diversas cantidades concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias a través de fundaciones y empresas.

Entre las 22 personas imputadas, seis de ellas han sido cargos de la administración. Además, hay personas implicadas que estaban integradas en al menos seis ONG, entre las que figura la Fundación Hemisferio, que según la investigación sería la matriz a raíz de la cual se orquestó el fraude. De hecho, la única persona que permanece en prisión es Augusto César Tauroni, que según la policía es el presidente de Hemisferio, antes conocida como Fundación Entre Pueblos hasta que tuvo que cambiar de nombre por coincidir con el de otra veterana ONG.

La investigación, que arrancó en mayo de 2011 y ha sido llevada en secreto durante un año por Molina y el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, estrechó el cerco a la cúpula directiva de la consejería que entonces dirigía Rafael Blasco, actual portavoz de las Cortes Valencianas. De hecho, en la operación policial que desveló el caso el pasado 23 de febrero, entre los detenidos figuraron varios cargos de la administración.

La investigación ha estrechado el

cerco a la cúpula de la consejería que

entonces dirigía Rafael Blasco

Así, en la operación han quedado imputados varios miembros de la administración del PP, entre ellos Alexandre Catalá, subsecretario de la consejería de Blasco, y Josep María Felip, que fue director general de Cooperación al Desarrollo. En el momento de su detención eran, respectivamente, subsecretario de Sanidad y director general de Cooperación. Después de conocerse su detención y, tras prestar declaración ante Molina, su posterior imputación, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, forzó su destitución inmediata.

Después se conoció que también estaban imputados Marc Llinares, que fue jefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, y estaba destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Consejería de Hacienda.

Días más tarde, tras regresar de Alemania, fue detenida María Dolores Escandell, funcionaria del área de Justicia que fue jefa de servicio de Gestión de Programas de Cooperación. Por último, Molina también ha imputado a la ex secretaria general administrativa de aquella consejería, Tina Sanjuán.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, la instructora del caso ha decretado diversas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, como la obligación de presentarse periódicamente en los juzgados, la retirada del pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o cambiar de domicilio.

A tres de los imputados, según el TSJ, no se les ha podido tomar declaración. Durante las últimas semanas ha trascendido la información de que al menos dos de ellos estaban fuera del país y se habría dado orden a la policía de localizarlos para  darles noticia de su imputación.

Dos denuncias de diputadas de las Cortes Valencianas dieron origen hace año y medio a la investigación de la trama de los fondos de cooperación. Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, detectaron algunas maniobras que le parecieron oscuras en la consejería. Según las diputadas el fraude en las subvenciones al desarrollo internacional podría rondar entre los siete y los nueve millones de euros.

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