Depuradoras financiadas por la UE en aldeas de Ourense no funcionan
La empresa, que instaló una en Arnoia antes del concurso, culpa a los Ayuntamientos
El 16 de septiembre de 2003, el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense publicaba el pliego de contratación para el concurso público que habría de llenar la provincia de depuradoras financiadas con fondos de la UE —que ahora investiga Bruselas por sus “sospechas suficientemente fundadas de que se ha cometido fraude, corrupción u otros actos ilegales”—, a través de la Diputación. Un poco antes de esa fecha, la empresa que resultaría adjudicataria, la compañía viguesa Servicios Medioambientales y Aguas (SMA), había instalado ya una de esas plantas en el Ayuntamiento de Arnoia, del que era alcalde Rogelio Martínez, actual delegado de la Xunta en Ourense.
Martínez estaba indirectamente vinculado a la compañía adjudicataria. La filial coruñesa, Facet Ibérica, estaba vicepresidida por Camilo Vázquez, hermano del empresario fallecido Manuel Vázquez, conocido como Arnoia —Ayuntamiento del que era oriundo— y uno de los máximos representantes de Viajes Compostela, empresa del hermano de Rogelio Martínez incluida en la trama de la asociación Ceivam por la que el hombre de confianza del presidente de la Xunta en Ourense está imputado y pendiente de juicio penal, acusado de desviar los fondos comunitarios que recibió.
El gerente de SMA, Mario González, reconoce que una de las tres depuradoras que se instalaron en Arnoia se realizó antes de que se publicara el pliego de condiciones para el concurso, pero matiza que esa planta “no pertenecía al plan Daredo”, financiado con los fondos de la UE que investiga Bruselas y al que pertenecen el resto de las depuradoras de la provincia. “Fue un proyecto piloto, experimental, que inicialmente pensaba destinarse a la isla de Ons”, sostiene González.
Cuando se instaló la depuradora “experimental” en Arnoia Rogelio Martínez era, además de alcalde de ese Ayuntamiento, vicepresidente de la Diputación que redactó el pliego de condiciones del concurso firmado por el entonces presidente, José Luis Baltar. Las características que exigía la institución ourensana para conseguir la adjudicación se adaptaban como un guante a la oferta de SMA y la compañía viguesa acabó sembrando las aldeas de la provincia —poblaciones de entre 250 y 500 habitantes— con 107 de esas pequeñas depuradoras ideadas para barcos y fabricadas en Arteixo. Solo en ese primer año, la empresa le facturó a la Diputación 5,3 millones de euros.
SMA ofrecía un sistema de saneamiento basado en la tecnología de depuración de hidrocarburos utilizada en la industria petrolera. La misma que la de los grandes buques de cabotaje que desarrollaba la firma estadounidense Clarcor, uno de los tres principales accionistas de SMA a través de la filial coruñesa Facet Ibérica.
Pese a la inversión de la institución provincial, pasados los años, numerosas de esas plantas no funcionan. Algunos alcaldes de los Ayuntamientos en los que se han instalado las tienen apagadas para evitar el “elevado coste energético” que suponen . El gerente de SMA asegura que las plantas “son competitivas” aunque reconoce que analizado aisladamente, sin considerar otros ítems, el consumo de luz “puede ser elevado”.
González sostiene, además, que “todas las depuradoras instaladas se pusieron en marcha y funcionaron a la perfección”. Pero SMA las gestionó solo durante tres años “como establecía el contrato”. Pasado ese tiempo, la empresa se desvinculó de la gestión y la Diputación “se la entregó a los Ayuntamientos” que en numerosos casos han decidido prescindir de su utilización o usarlas apenas a medio gas, para evitar que se dispare el gasto.
El gerente de la compañía viguesa advierte de que la responsabilidad actual del buen o mal uso, e incluso solo de ponerlas en marcha, es ahora de las instituciones locales. “SMA es ajena a esa responsabilidad”, remarca.
En algunos municipios aún se podía ver hace unos días el cartel anunciando la adjudicación de varias plantas del plan Daredo y, a unos metros, las depuradoras inutilizadas y las aldeas sin el correspondiente servicio de recogida de las aguas residuales, en ocasiones cayendo empedrado abajo.
Diversos Ayuntamientos carecen ahora de recogida, pese a que las depuradoras gallegas financiadas por la Diputación con los fondos comunitarios ofrecían una mejora con respecto al sistema tradicional de decantación de aguas gracias un “procedimiento de bacterias que se come los residuos domésticos”.
Un reguero de aguas residuales
En el municipio ourensano de Xunqueira de Ambía, el plan Daredo incluía dos de estas pequeñas depuradoras, en las aldeas de A Pousa y Casasoá. La de esta última población “ni siquiera se acabó de instalar”, aseguran los vecinos a la vista de que los tubos no están ensamblados. Los residuos “van directamente al río Limia”, sostienen.
El gerente de la compañía viguesa asegura que SMA la puso en funcionamiento el 15 de junio de 2007. Y como su obligación de gestión según el contrato era de tres años, su puesta en marcha depende desde 2010 del Ayuntamiento.
En Xinzo de Limia aún podía verse hace unos días el cartel anunciando el saneamiento de las aldeas de Pena, Soutelo y Trandeiras, financiadas por la UE. Pero solo hay una de las tres conducciones, la de Trandeiras. Los vecinos sostienen que los residuos domésticos siguen ahora un reguero por las aldeas. El gerente de SMA solo tiene constancia de la adjudicación de la depuradora de Pena, el 6 de septiembre de 2005.
En el caso de Xinzo, tampoco funciona la planta de tratamento de lodos, la Edar. El año pasado, la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) informó al Consello de Contas de Galicia y al Tribunal de Contas de la UE de la posibilidad de que la obra civil de esa Edar fuese sufragada dos veces con cargo a fondos públicos.
LA SGHN alertaba de que en la antigua estación depuradora “que nunca funcionó”, construida con fondos de un programa transfronterizo, se había instalado un cartel informando de la adjudicación de plantas nodrizas de aguas residuales en el marco del proyecto Arraiano de la UE.
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