Absueltos por su adicción a la ‘coca’

El exjefe de la Policía Local de El Molar Tomás Felipe Boto y los guardias civiles de esa localidad César Torollo Pérez y Francisco Yepes fueron ayer absueltos por la Audiencia de Madrid de los delitos de cohecho y omisión del deber de perseguir delitos relacionados con el trapicheo de drogas.

Estos tres agentes y otras 14 personas, en su mayoría pequeños camellos, fueron detenidos en El Molar y Guadalix de la Sierra en el marco de una operación que desarrolló Asuntos Internos de la Guardia Civil en julio de 2008. La operación se desató tras la desaparición de varias partidas de droga requisadas en redadas en El Molar. Asuntos Internos pinchó teléfonos con orden judicial y descubrió un gran trapicheo de drogas con implicación de sus agentes y el exjefe de la Policía Local.

Los agentes han sido absueltos al entender el tribunal que, aunque eran consumidores y tenían adicción a las drogas, no quedó acreditado en el juicio que ellos la vendieran o se prevalecieran de sus cargos para obtenerla gratis o más barata, en contra de lo que sostenía la Fiscalía de Madrid. La sentencia señala que “no ha quedado probado que \[los agentes\] se concertaran” con sus proveedores de droga “para costearse el consumo de cocaína y otras drogas de las que eran consumidores”, ni que “los manipularan para conseguir drogas a un precio inferior del habitual en el mercado”.

Los agentes han sido absueltos porque el tribunal entiende que aunque tenían adicción a las drogas, no  ha quedado acreditado que ellos la vendieran

La Sección 29 de la Audiencia da por sentado que los tres agentes eran adictos a las drogas. Lo deduce de las conversaciones grabadas que mantuvieron con algunos camellos. En ellas se observa “la desesperación del drogodependiente para obtener de modo inmediato droga para su consumo”. Prueba de ello es una conversación en la que uno de los guardias llama a su proveedor para que le “venda la droga más barata, a 40 euros”. Se trata del típico “regateo” en el que incluso hay “súplicas” para lograr la droga que necesitaba al menor precio posible, pero sin que el agente se “prevalezca” de su condición de autoridad.

Según el tribunal, no cabe atribuir a los agentes la omisión en su deber de perseguir delitos porque, al ser consumidores, ello implicaría “más bien una autodenuncia”, lo cual les es “difícilmente exigible”. Al margen de que “señalar” a los camellos que “les servían la droga precisa para su consumo” habría llevado a los agentes el tener que reconocer que eran “adictos”; es decir, “declarar contra sí mismos”, a lo que no están legalmente obligados.

Por estos hechos se sentaron en el banquillo de la Audiencia, además de los dos guardias y el exjefe de la Policía Local, otras cinco personas. Tres de ellas han sido condenadas a penas de entre tres y cuatro años por tráfico de drogas, dos absueltas y otra que se encuentra en paradero desconocido.

El tribunal considera probado que Jhonny Alexander Segura, uno de los pequeños traficantes condenados, y la que entonces era su esposa, Enolelia Pérez, utilizaban su domicilio de El Molar para vender cocaína. Él era, según el tribunal, quien vendía droga a los guardias civiles Yepes y Torollo y al entonces jefe de la Policía Local, Tomás Felipe.

En el marco de esta operación en julio de 2008, en El Molar y Guadalix de la Sierra, se efectuaron registros en las viviendas de los agentes y los proveedores de droga. En el de Jhonny Alexander se halló cocaína que habría supuesto en el mercado negro unos ingresos de 536 euros y una báscula de precisión para pesar la droga, así como cerca de 4.000 euros. También se halló abundante droga en distintas casas utilizadas por otro de los condenados, Sergio Ayas. Y hubo registros en los domicilios de los agentes: en el de Yepes se encontraron unos envoltorios con restos de cocaína; en el de Torollo, nada, y en el del exjefe policial, armas, restos de cocaína y dos trozos de hachís. Los agentes estaban suspendidos de funciones desde julio de 2008.

Francisco de Asís Vargas Salmerón, abogado de Torollo, expresó ayer su satisfacción por la absolución de su cliente y su insatisfacción porque el tribunal no accediera a declarar “la nulidad de actuaciones” basada en la “ausencia de garantías constitucionales” que, en su opinión, conculca el uso del sistema que se emplea para pinchar teléfonos a sospechosos, el llamado Sitel.

El tribunal sostiene, en cambio, que las intervenciones telefónicas se “autorizaron de modo correcto”, y cumplieron “las garantías exigidas por la norma constitucional”.