Oubiña será juzgado por blanqueo en vísperas de lograr la condicional

A Laureano Oubiña se le acumulan los problemas para salir de la cárcel. El narcotraficante de hachís podría ver truncado el fin de su largo paréntesis penitenciario de 11 años al señalar la Audiencia Nacional los dos juicios que tiene pendientes por blanqueo para julio próximo, días antes de que se extingan sus condenas por tráfico de hachís.

El pasado año, el Tribunal Supremo adelantó la fecha de su licenciamiento definitivo para el 17 de julio y el juez central de Vigilancia Penitenciaria aprobó su libertad condicional en diciembre pasado. Para entonces, el abogado de Oubiña no contaba con que los dos procesos pendientes de juicio se reactivaran antes de su salida en libertad, uno de ellos sobre hechos que se remontan a 15 años atrás y en el que también se sentará en el banquillo su hijastro y también narcotraficante David Pérez Lago. La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional confirmó ayer que uno de los juicios comenzará el 16 de julio y el otro, todavía sin señalar, podría adelantarse incluso a esas fechas. Si ambas sentencias fuesen condenatorias, la libertad condicional de Oubiña quedaría sin efecto automáticamente para comenzar un nuevo calendario penitenciario.

Lo que es todavía una incógnita es si Oubiña saldrá de la cárcel el 17 de julio según lo previsto o si por el contrario se tomarán medidas cautelares contra él para que asista a sendos juicios como interno si se aprecia que pudiera existir riesgo de fuga dado sus antecedentes. Pero además, y desde que en octubre de 2011 lograra su primer permiso carcelario, las salidas de Oubiña de la prisión de Dueñas, en Palencia, se cortaron drásticamente cuando en una inspección le requisaron un móvil en su celda con el que había hecho varias llamadas. El hallazgo le costó la apertura de un expediente disciplinario por falta grave. Su abogado intentó sin éxito paralizar la sanción de su cliente pese a que Oubiña llegó a denunciar que un interno le había dejado el teléfono en su celda para comprometerle. El propio denunciado llegó a reconocer los hechos.

El juez le pide seis años de prisión por levantarse una “mansión suntuaria”

En el juicio previsto para el 16 de julio, el fiscal pide para Oubiña seis años de prisión y cinco para su hijastro por la construcción de “una mansión suntuaria” en Vilagarcía, por una finca en Sanxenxo y por el movimiento de divisas con el dinero obtenido en el tráfico de drogas. Las multas para los procesados se sitúan entre el triple y el doble del dinero que se acredite como blanqueado. Según el fiscal Javier Redondo, Oubiña y su esposa (ya fallecida) habían utilizado, además de a David Pérez, que acababa de cumplir 18 años, al padre de Esther Lago, a Emilia Cano Carmona, que conoció en prisión, y a María del Carmen Daponte García, entre otros.

También están acusados dos abogados de Madrid, Jesús Madalena López y Javier Verdes de la Riva, y el contable del bufete, Octavio Casanova, que constituyeron las sociedades de pantalla Albion Investiment Spain, SL y Anatolia Interprises Spain, SL, filiales de otras matrices creadas en el estado norteamericano de Delaware. Aunque el dinero para comprar el patrimonio fue transferido de un banco, procedía de un testaferro afincado en Melilla y obrero de profesión.

Los hechos que motivan el otro juicio se remontan a 2002, cuando Oubiña se encontraba en la prisión de Alcalá Meco tras su fuga a Grecia. Se abre una segunda investigación contra él porque “estaba manejando un elevado patrimonio” a través de su novia, la italiana Tiziana Cardarelli, su primo José Piñeiro Nogueira y el constructor de referencia de los Oubiña y persona de máxima confianza del matrimonio, Amancio Costa Álvarez. Los tres presuntos testaferros, detenidos en 2005, habían realizado un tráfico mercantil de al menos 4,5 millones.

Según el ministerio público, Oubiña le daba a su novia instrucciones que cómo manejar el dinero. “Laureano insiste constantemente a Tiziana que había que hacer las hipotecas por la cantidad máxima posible, ya que era más fácil hacer los pagos mensuales al banco sin llamar la atención”, acusa el fiscal, que solicita ocho años de cárcel para él y cinco para su novia, así como 13 millones de multa para cada uno.