La juez de los ERE acusa de prevaricación y cohecho a la exempresaria de Acyco

Mercedes Alaya, la juez del caso de los ERE, el uso fraudulento de las ayudas públicas a empresas en crisis en Andalucía,  ha dejado en libertad con cargos de cohecho, prevaricación y obtención indebida de subvenciones a la empresaria Encarnación Poto Monge, quien este miércoles se ha acogido a su derecho a no declarar. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza de 3,5 millones de euros para Encarnación Poto, quien también está acusada de permitir dos intrusos.

Encarnación Poto fue presidenta de Aceitunas y Conservas (Acyco) y está acusada de haber cobrado una póliza por prejubilarse en la empresa cuando se solicitó un ERE en 2003 y seguir trabajando para SOS. También está imputada por permitir la inclusión de dos "intrusos" en el expediente de su empresa.

Poto, según el auto de la juez,  siguió cobrado después del ERE "importantes cantidades" por su asistencia a los consejos de administración. Entre otros, cobró 36.000 euros en el 2004; 24.000 euros en el 2005; y 48.000 euros en el 2006, hasta alcanzar los 98.995 en el año 2010, según el auto.

La acusada defendió en sus primeras declaraciones que consultó su situación con los servicios jurídicos y le dijeron que se trataba de una posibilidad permitida por la ley. Poto también niega la acusación de la juez de haber destinado 109.000 euros recibidos de la Junta a pagar sus deudas con el bufete Garrigues, afirma que está documentado que ese dinero se destinó a contratar a personal eventual y que la factura de Garrigues salió de la tesorería de la empresa, según su defensa.

Los dos intrusos (beneficiarios de ayudas sin haber trabajado en las empresas subvencionadas) de los que se le acusa son: Andrés Carrasco, que era amigo del exdirector de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero y también vecino de El Pedroso (Sevilla), quien percibió 120.201 euros; y Domingo Martínez Castillo, exalcalde del PSOE en San Nicolás del Puerto (Huelva), que obtuvo 104.885 euros.