Una empresaria autorizó un ERE en el que se incluyó junto a dos intrusos

La empresaria Encarnación Poto autorizó la inclusión de dos intrusos (personas acogidas a un ERE pero que nunca trabajaron en la empresa beneficiada) al firmar el listado de trabajadores incluido en el expediente junto al exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero. En dicho ERE estaba incluida la propia empresaria, que percibió 261.046 euros abonados por la Consejería de Empleo pese a que tras su prejubilación siguió cobrando 5.000 euros mensuales como consejera contratada por la empresa Acyco, que había presidido durante 10 años.

Poto acudió ayer a la Guardia Civil para declarar como imputada, pero pidió a los agentes retrasar su comparecencia. La empresaria, exsindicalista de UGT y afiliada al PSOE, recibió la medalla de oro al Mérito en el Trabajo, un premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer, y es presidenta de honor de Feansal, la federación empresarial andaluza de sociedades laborales que aglutina a 4.500 firmas. La empresaria, de 64 años, está en el comité coordinador de la sectorial de emprendedores del PSOE de Sevilla.

En el Expediente de Regulación de Empleo de Acyco (Aceitunas y Conservas) se incluyó de manera fraudulenta a Domingo Martínez Castillo, exalcalde socialista ya fallecido de San Nicolás del Puerto (Sevilla), y Andrés Carrasco, amigo de Guerrero y vecino de El Pedroso (Sevilla). Mientras que Martínez percibió 104.885 euros, Carrasco cobró 120.201 euros de los fondos públicos. En 1994, la envasadora de aceitunas Acyco inició un expediente de cierre y la mitad de la plantilla (132 socios) optó por comprar la fábrica. Y de ahí surgió Poto como presidenta de la empresa. Una década después la compañía y el sindicato UGT plantearon en 2003 un ERE que subvencionó la Junta con 2,8 millones y al que se debían acoger 35 trabajadores, incluida la propia presidenta, que perteneció a dicho sindicato. Pero en el último momento dos intrusos ajenos a la compañía fueron incluidos en el ERE con la autorización conjunta de Poto y Guerrero.

Un año después del ERE el grupo SOS adquirió la empresa y negoció con Poto que continuara como consejera percibiendo una alta remuneración de 5.000 euros mensuales. La empresaria se mantuvo como asesora hasta el año pasado en el que presentó su dimisión, y ahora está jubilada.

Por otra parte, el intruso Antonio Arquero, amigo de Guerrero, declaró ayer como imputado ante la juez del caso, Mercedes Alaya, y admitió que recibió ayudas públicas sin realizar ningún trámite. "Pensé que esta paga era también por estar afectado por radiaciones de uranio, a la que estuve expuesto durante ocho años", explicó. Arquero mantiene una amistad con Guerrero desde hace 40 años y le pidió que le gestionara la documentación necesaria para percibir una póliza de 2.600 euros mensuales en uno de los ERE subvencionados hasta percibir 421.453 euros. El acusado alegó que creía tener derecho a las ayudas por haber cotizado 14 años en el régimen especial de minería del carbón.

Arquero suscribió una póliza con la compañía aseguradora Vitalicio y cuando esta acabó pidió una segunda póliza y Guerrero se la concedió. El intruso firmó una póliza de rentas de supervivencia en la que la Dirección General de Trabajo era la tomadora y Fortia Vida la aseguradora. "La segunda póliza era una continuación de la primera", aseguró.