El alcalde de Borriol alega al juez que no puede leer todo lo que firma

“Si tuviera que leer todos los escritos del Ayuntamiento que firmo no haría otra cosa en todo el día”. Adelino Santamaría, alcalde de Borriol (PP) y diputado provincial, se enfrenta a ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público por un presunto delito de prevaricación. La fiscalía lo acusa por no hacer cumplir un decreto de demolición de una cuadra de caballos que él firmó en 2005. En su declaración, el regidor negó toda responsabilidad y la atribuyó exclusivamente a los técnicos municipales.

Los hechos se remontan a 2004, cuando un matrimonio de Borriol levantó una cuadra de caballos en una parcela calificada como suelo no urbanizable y sin licencia municipal. Tras las denuncias de un vecino por la cercanía de la obra a su finca, el alcalde firmó un decreto en agosto de 2005 en el que ordenaba la demolición. A día de hoy no se ha ejecutado. La fiscal acusa también al matrimonio de un delito de ordenación del territorio y pide un año de cárcel a cada uno.

A preguntas de la fiscal sobre por qué no veló por la ejecución del derribo, Santamaría —alcalde de Borriol desde 1999— declaró que el escrito no lo redacta él sino la oficina técnica de Urbanismo. “Yo sólo los firmo, confío en los técnicos”, dijo. También se escudó en el personal municipal tras ser preguntado por la legalidad de la cuadra. “Corresponde a los servicios técnicos, yo no puedo saberlo”. Tras ser preguntado sobre el motivo de no instar la ejecución del decreto a pesar de que el demandante acudía todas las semanas durante año y medio al Ayuntamiento, declaró: “Me imagino que el expediente habrá seguido los trámites establecidos, seguro que está dentro de los trámites normales de Urbanismo”.

El regidor descarga

La acusación particular, por su parte, acusa al alcalde de un delito de omisión de perseguir el delito por el que reclama dos años de inhabilitación, así como tres años de cárcel al considerarle autor de un presunto delito de coacciones por la apertura de un expediente sancionador al vecino denunciante dos meses después de que éste acudiera a los tribunales. Santamaría dijo que “nunca” ordenó la inspección de la finca de la víctima.

El vecino denunciado aseguró que “no sabía nada” del decreto de derribo y que el alcalde le había transmitido “tranquilidad” porque “todo estaba en orden”.

El técnico de Urbanismo que declaró como testigo en el caso sí afirmó que había que pedir licencia para la cuadra pero no explicó por qué no se hizo así ni por qué no se comprobó que la construcción cumpliera con los requisitos. El trabajador municipal dijo seguir órdenes sólo del abogado y del arquitecto. Sobre la razón de no ejecutar un decreto firmado hace siete años, se encogió de hombros y dijo: “El otro día fuimos a un expediente por una valla que se remonta a hace 14 años”.