El Banco Gallego deja en manos de NCG su saneamiento

El Banco Gallego envió ayer por la mañana un comunicado a la Comisión del Mercado de Valores cifrando en 80 millones de euros sus necesidades extraordinarias de capital a la luz de la última reforma financiera. A las cinco y media de la tarde la entidad rectificó con otro comunicado que eleva la cifra inicial en 29 millones, hasta los 109.

Más allá de si se trata de un error o un fallo de cálculo, para conseguirlos el Gallego se pone en manos de su accionista principal, Novagalicia Banco, y de la “estrategia de cumplimiento”, de la entidad que tiene el 49% de sus títulos. “Todo ello sin perjuicio de que, dentro del plazo, puedan valorarse otras alternativas de acuerdo con las autoridades supervisoras”. Fuentes financieras consideran que el Gallego es otra patata caliente en la cuenta de resultados de Novagalicia, ya que los accionistas individuales (los empresarios Epifanio Campo, Juan Manuel Urgoiti y la sociedad de patentes Ungría), no están dispuestos a inyectar un céntimo más para sostener las cuentas de la entidad. El año pasado el Gallego cerró con unas pérdidas cercanas a los 30 millones y aún no ha presentado oficialmente su balance.

Pesimismo en el PP

También ayer se sucedieron las reacciones sobre el impacto de la reforma financiera en NCG Banco. El portavoz del grupo parlamentario del PP, Pedro Puy, aseguró que no descarta nada pero que hace “votos para que se cumpla el proyecto”, del presidente de la entidad, José María Castellano, para evitar una subasta total.

Hasta ahora, NCG defendía su continuidad a través de una subasta de parte del capital, aunque el decreto abre la puerta a una nueva inyección de dinero público para respaldar las provisiones, de 1.109 millones, que necesitan sus créditos al sector constructor y promotor. También los sindicatos dudan de la autonomía de NCG.

Los sindicatos no lo ven claro. Desde Comisiones, Luis Mariño, considera que las nuevas medidas suponen “demasiadas exigencias”, para una entidad controlada en más de un 90% por el fondo público. También los trabajadores de la obra social ven peligrar su futuro. Ayer exigieron que los exdirectivos devuelvan sus millonarias indemnizaciones y pidieron ayuda a la Xunta para proteger el patrimonio de la antigua caja, que sigue manteniendo costosos órganos de gobierno.