Dos técnicos de la CHJ ratifican al juez que el mercadillo de Finestrat era ilegal

El comisario de Aguas, Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, y la jefa del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico (DPH), Alicia Manzanaro Marhuenda, ambos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), confirmaron que el cauce del barranco de Finestrat donde se produjo la riada que arrambló con más de 100 puestos de venta de un mercadillo ambulante y provocó la muerte por ahogamiento de un matrimonio británico de 70 y 72 años tenía un abierto un expediente sancionador porque el Ayuntamiento decidió asfaltar su cauce.

En su declaración como testigos en el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm que instruye la causa en la que falleció la pareja inglesa y otro jubilado de 88 años resultó herido grave el pasado 21 de octubre, ambos coincidieron en que en el supuesto caso de que el Consistorio hubiera solicitado autorización para cubrir el fondo del barranco, “no hubiera sido concedida porque nunca se autoriza asfaltar lechos de cauces”. “Cuando se impermeabiliza un cauce se disminuye el umbral de escorrentía, se acorta el tiempo de concentración de la lluvia y se traduce en mayor velocidad del agua”, dijo Manzanaro, quien añadió que el expediente únicamente se incoó por la realización de las obras y no por la ocupación del mercadillo ambulante.

Sin embargo, el comisario de Aguas confesó que “asfaltar un cauce es un disparate” y consideró que, a su entender, “la ocupación por el mercadillo va ligada al asfaltado”, aunque solo se denunciaron las obras “porque es una instalación permanente”. También aseguró que recibió avisos verbales de lo que estaba ocurriendo por parte del guarda fluvial de la CHJ en la zona, a quien el propio Alcalde Sánchez instó a presentar la denuncia tras haberle confesado que no le hacían caso.

La Confederación mantiene que no autorizó el asfaltado del lecho del cauce del barranco

Aunque se celebra desde hace casi tres décadas, el mercadillo de Finestrat se adjudicó a por primera vez el 3 de enero de 2005 por un canon de 40.000 euros anuales a Santiago Temprado Blanco. La descripción del objeto del contrato, según publicó el BOP de Alicante el 19 de febrero de ese año, especificaba que era para el “aprovechamiento especial del dominio público de las vías anejas al Barranco de la Cala y de la avenida Marina Baixa de Finestrat mediante instalación de mercadillo”. En ningún caso se autorizó la ocupación del cauce. Sin embargo, el adjudicatario lo instaló allí desde el primer momento con la aquiescencia del Gobierno local, entonces del PSPV.

Dos años después de ganar en 2007 las elecciones locales, el PP, que sigue dirigiendo el municipio con mayoría absoluta, decidió rescatar la concesión para convertir el mercadillo en municipal y conseguir más ingresos. Desde septiembre de 2009 es de gestión pública, aunque seis meses antes la CHJ ya había abierto un expediente sancionador por la ocupación del barranco y en julio de 2010 la entonces ministra de Medio Ambiente, Elena Salgado, firmara su resolución, cuyo tenor literal decía: "Imponer al Ayuntamiento de Finestrat la obligación de abstenerse de ocupar el dominio público hidráulico del barranco de La Cala con el mercadillo municipal, en tanto no cuente en su caso con autorización del organismo de cuenca [la Confederación Hidrográfica del Júcar]".

El juzgado de Benidorm que se ocupa de la causa mantiene imputados al alcalde de Finestrat, Honorato Algado, y al concejal de Seguridad Ciudadana y Policía, Tomás Gaspar Sellés Llorca.