Navegando en aguas de torpedos

A cuatro meses del inicio de la gestión de gobierno conservador del sr. Rajoy cada vez aparece con mayor claridad que estamos en presencia de una operación política de gran calado, que, so capa de mediadas necesarias de ajuste para hacer frente a los compromisos con la UE, esta introduciendo cambios sustantivos en la configuración del régimen que comportan nada menos que la sustitución, silenciosa, del modelo social y político acuñado en la transición por otro. En la terminología de los politólogos el paso de una democracia de consenso a una democracia de mayorías. Con ello no se quiere significar que todas las medidas adoptadas obedecen a la procura de dicho resultado, así, por ejemplo, es claro que la subida de impuestos operada el último día del pasado año es respuesta al hundimiento de la recaudación, hundimiento que por si sólo explica la práctica totalidad de la desviación del déficit público el pasado año, y diseñada para hacer frente a la aguda insuficiencia fiscal de nuestro Estado que la crisis ha sacado a la luz, del mismo modo las medidas de contención del gasto farmacéutico responde a ese fin, y lo mismo cabe decir de la subida de las tasas universitarias. Pero, por molesto que sea, lo sustancial no es nada de eso.

Si no me equivoco son hasta la fecha cuatro las reformas que apuntan inequívocamente en el sentido de una mutación del modelo de democracia que nos hemos dado y la Constitución consagra: la anunciada liquidación de los supervisores, la reversión de la reforma Zapatero de los media públicos, y determinados aspectos de las reforma laboral y sanitaria. La primera busca la liquidación de la supervisión de los mercados mediante el expediente de sustituir los supervisores especializados por uno solo, a la vez reducido y generalista, que, por la naturaleza de las cosas, esta condenado a ser mucho menos eficiente, y, de paso, conservar la poco envidiable situación de ser el único país de la Unión en el que es muy difícil que existan disciplina en las TV,s e imparcialidad en las públicas al no existir un Consejo del Audiovisual ( que, por cierto, también es una exigencia de la UE), lo que se busca es una economía de menor regulación, lo que a todos los efectos, no supone otra cosa que reducción de la competencia bajo el creciente dominio de las grandes empresas. El ejemplo de libro: la ordenación del comercio. La jungla sustituye al mercado porque a este le es constitutiva la regulación. El siguiente paso pasa por la destrucción de uno de los escasos logros de la anterior administración: una RTVE presentable, su finalidad no es tanto esa, que también, como cambiar las reglas del juego del sistema comunicativo a favor de los actuales gobernantes y de los medios que difunden el discurso ideológico inspirador de las políticas públicas que operan los populares, cerrando ,en la medida de lo posible, los canales para la difusión de otros discursos y, a ser posible, minorizar las oposiciones. Con ser importantes los señalados, los fundamentales son los otros dos.

La reforma laboral consiste sencillamente en la facilitación y abaratamiento del despido al efecto de procurar una “devaluación interior”, esto es presionar a la baja los salarios, so capa de aumento de la competitividad. Que entre sus fines no es prioritaria la procura del empleo lo pone de relieve el programa de estabilidad remitido a la Comisión, que prevé un paro por encima de los cinco millones cuanto menos durante los próximos cuatro años. A servir ese fin inmediato se destruye en casi su totalidad la protección que la ley y los tribunales dan al trabajador singular .Con todo lo más grave y serio no es eso: es el desguace de la negociación colectiva vía “descuelgue” de los convenios en virtud de la mera voluntad del empresario a través de una calificación que de él depende. El objetivo que se persigue es un sistema a la inglesa: sindicatos frágiles y debilitados, asociaciones empresariales asimismo debilitadas y, mediante el debilitamiento de sus actores, minimizar el recurso a la concertación social , un sistema que al vaciar de la mayor parte de su contenido a la negociación porque previamente debilita a las partes negociadoras, favorece la discrecionalidad tanto del empresario singular como de la mayoría parlamentaria, a la que deja de estorbarle la concertación social.

Por último la reforma sanitaria busca abiertamente la privatización progresiva del sistema nacional de salud, preferentemente en favor no de actores privados sin ánimo de lucro ( como sucede en buena medida en Cataluña), sino de empresas privadas orientadas a la obtención de beneficios, lo que, a su vez, facilita la segmentación de los servicios en razón de la posición social del usuario, cosa que, a su vez, favorece y refuerza el copago. Y ello aunque la experiencia comparada acredita que la privatización aumenta el coste de la sanidad, sobre todo por el aumento de los “costes administrativos” de la misma, como muestra el caso holandés.

Naturalmente como la Constitución está diseñada para procurar una democracia de consenso y el modelo mayoritario que se persigue no es compatible con el que subyace a la ley fundamental no tiene nada de extraño que piezas claves de ese proyecto ( como el despido sin causa o el descuelgue de convenios) sean inconstitucionales, ni que se este usando para instrumentar aquella una herramienta jurídica ( el Decreto-Ley) cuyas limitaciones constitucionales se están ignorando de forma poco menos que sistemática, cosa que no debe extrañar: los gobiernos de la democracia han venido a usar el Decreto-Ley del mismo modo que Franco, es decir colocar a los parlamentarios adictos ante el hecho consumado al efecto de prevenir discordancias en el seno de la mayoría.

Que el proyecto vaya a contrapelo de la Constitución, exija la cuidadosa evitación de compromisos con las formaciones de oposición que no sean contratos de adhesión (razón por la cual en situación crítica no hay segunda edición de los “pactos de la Moncloa”), carezca de base social suficiente ( es inaceptable hasta para una buena parte del electorado fiel del PP), etc. ya es de por sí pernicioso. Que se instrumente con un sistema institucional debilitado, con apoyos decrecientes y en un escenario de retroceso conjunto de los dos mayores partidos, sin ofrecer a la población un horizonte de esperanza hace verosímil la posibilidad de la “insurrección política” de que hablaba hace unas semanas un diario de referencia americano. Si alguien cree que el sistema actual puede aguantar un lustro adicional con cuatro o cinco millones de parados, sueña. Navegamos en aguas de torpedos.