Plañiol: "La subida de tasas judiciales será disuasoria"

La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, ha adelantado que el control horario a los 6.762 empleados públicos dependientes de la consejería se empezará a aplicar a partir del 1 de junio a todos los funcionarios. EL PAÍS ya contaba a mediados de abril que los trabajadores ficharían dentro de la serie de medidas que Plañiol pretendía poner en marcha en los próximos meses. “Será una manera de verificar que se cumplen las jornadas semanales de 37,5 horas, y nos servirá para conocer, y por lo tanto corregir, cuáles son los juzgados con mayores cargas de trabajo”, ha explicado Plañiol durante la presentación del informe del estado de la Justicia en la Comunidad de Madrid.

La panorámica que ha dibujado desde que Madrid asumió en 2003 parte de las competencias en materia de justicia –hay otras que dependen del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial- son unos juzgados que soportan la tasa de litigiosidad más alta de España, con 230,82 asuntos de media (1,5 millones en total en 2011) frente a los 227,13 de Andalucía, 202,17 de la Comunidad Valenciana o 186,19 de Cataluña. “Los tiempos de respuesta son razonablemente buenos, se suele tardar seis meses en la resolución de un asunto civil y en cuatro de un despido.

Aunque la crisis ha hecho que los índices de respuesta se hayan demorado algo a consecuencia de la crisis”, ha observado Plañiol, que ha destacado que Madrid cuenta con 686 jueces, lo que la convierte en la décima región por número de señorías con un ratio de 10,5 por cada 100.000 habitantes frente a los 13,8 de Asturias. Por poner un ejemplo, cada juez asumió de promedio 2.914 asuntos frente a los 2.342 de la media de España (2.702 en Andalucía y 2.313 en Cataluña).

“El ministro Alberto Ruiz-Gallardón no hace más que recordarnos la alta litigiosidad, motivo añadido para afrontar una reforma amplia. Por eso apoyamos las tasas judiciales como un elemento de contribución al mantenimiento de la Administración de Justicia y también disuasorio. Creemos en la justicia gratuita, pero se debe controlar que los beneficiarios de este derecho realmente lo necesitan”, ha expuesto Plañiol, a la que acompañaban el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira; el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix; el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol; la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer; y el secretario de Gobierno del TSJM, José Palazuelos.

Para disminuir la litigiosidad se proponen otras iniciativas como potenciar los juicios rápidos. “Para que los ciudadanos conozcan los costes de los procesos judiciales, un hurto de 30 euros puede tener un gasto para la Administración de hasta 1.300 euros”, ha enfatizado Plañiol durante su exposición en la sede del Gobierno regional, en la Real Casa de Correos.

El número de fiscales, 290 más 22 de refuerzo en 2010, refleja un número insuficiente, haciendo de la Comunidad la undécima en este sentido. Penúltima con un secretario judicial por cada 1,28 jueces, el ratio de funcionarios por juez es sin embargo de casi diez (9,97), el más elevado del país. La presencia de interinos (1.537, un 22% del personal) es “excesiva y hay que reducir”, en opinión de la consejera del ramo.

Las conclusiones del estudio resaltan también un diseño territorial disfuncional, con 21 partidos judiciales desiguales: los extremos son el de Madrid, responsable de casi cuatro3,5 millones de habitantes, y el de Torrelaguna, con 28.825.

Plañiol, partidaria de impulsar la movilidad de destino, también ha hecho hincapié en la concentración de las sedes judiciales en los ejes de plaza de Castilla y el de Princesa-Gran Vía hasta que entre en funcionamiento la Ciudad de la Justicia. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre se ha decidido a retomarlo, como ya comunicó este diario el pasado febrero. “Hace unos años la Comunidad lo inició con una perspectiva ambiciosa y con la idea de dejar además una huella arquitectónica de categoría. Se ha retomado el proyecto, pero más austero, sin edificios singulares. Renunciamos a ese concepto pensando que el proyecto es posible si encontramos una formula con la que no incrementar el gasto corriente de la Comunidad”, ha concluido Plañiol, que ha reconocido que cuenta con un patrimonio disperso y obsoleto; muchosedificios no se pensaron para albergar sedes judiciales”.