Empresas adjudicatarias del Puerto hicieron donaciones a la fundación de Porro
La FPV recaudó de modo transparente 120.000 euros privados y 523.000 en subvenciones
Empresas adjudicatarias de obras y servicios de la Autoridad Portuaria de Vigo se desvelan como financiadoras puntuales y principales, junto con las subvenciones públicas y las aportaciones de los patronos, de la Fundación Puerto de Vigo (FPV) que montó Corina Porro en su etapa de presidenta del Puerto. En el año en que permaneció activa, entre abril de 2010 y mayo de 2011, la FPV consumió de modo opaco en torno a un millón de euros, según sus propios números. Ignacio López-Chaves, su actual presidente, confirma el cierre de hecho del chiringuito, pese a lo cual aún prevé recibir este año rentas “procedentes de subvenciones sobre proyectos ejecutados en 2011” que no concreta, ni proyectos ni cuantía.
En la cuenta de resultados de 2010, la FPV certificó unos ingresos de 494.807 euros, de los que se segregan 84.176 como subvenciones y 185.500 como aportaciones privadas. Estas cuentas fueron firmadas el 30 de abril de 2011 y la víspera —con tres meses de retraso sobre la obligación legal—, el plan de actuación para el mismo 2011, con un presupuesto de 456.235,6 euros, de los que 234.485,6 corresponden a subvenciones públicas y el resto, 221.750 euros, a aportaciones privadas. Con una apostilla curiosa: 150.000 euros se consignan para “gastos con destino a actividades propias de la fundación para el cumplimiento de los fines fundacionales” y algo más, 156.235,6 euros, para “otros gastos” que, evidentemente, no caben en la casilla de los fines fundacionales.
A caballo de los dos ejercicios, la FPV acredita pues un presupuesto de 951.042,6 euros, de los que al menos proceden de las arcas públicas: 80.000 de la Autoridad Portuaria, 86.768 (en 2010) del Xacobeo, 289.192 del Igape, 61.741 de la Consellería de Traballo e Benestar (11.741 de la Dirección Xeral de Dependencia y 50.000 de la de Formación e Colocación) y otras cantidades menores de la Diputación (11.000) o el Consello Social da Universidade de Vigo (3.500). Total, 532.000 euros, sin incluir los 100.000 de Novacaixagalicia, que también podrían considerarse ya fondos públicos.
Irreales “proyectos ejecutados” serán la única fuente de sus rentas en 2012
Pero de algunas de esas cantidades quedan flecos por abonar —87.500 euros del Igape, por ejemplo—, a los que López-Chaves se agarra para seguir cobrando en 2012 aunque la FPV, sin personal ni oficinas, no desarrolle ninguna actividad. En 2011 solo cuajaron dos, y bastante anodinas, de su plan de actuación, para el que la FPV presupuestó los citados 456.235 euros a los que bien podrían sumarse otros 318.955 euros certificados como gasto de “aprovisionamientos” en las cuentas de 2010, de las que también se derivan otras maravillas, como que la FPV se quedó más de 100.000 euros destinados a dos ONG humanitarias.
En 2011 los patronos tuvieron que inyectar en la FPV 100.000 euros, después de gastar 167.500 de la dotación fundacional para evitar la quiebra del chiringuito. En esta tesitura, con una recaudación total de 1.000 euros por cuotas de afiliados en 2010, la FPV pasó el cepillo al colectivo local de notables del PP, entre los que destaca por su generosidad, 12.000 euros, el abogado y exdiputado Carlos Mantilla. Otro histórico del partido, el periodista Juan Herrera, aportó 10.000 euros, aunque su caso entra en otra dimensión como copropietario que es de Canal Uno de Comunicación, agencia a la que Porro adjudicó, entre otras asistencias, el gabinete de comunicación de la Autoridad Portuaria.
Consignó 456.235 euros para un plan de paja que cuajó en dos actividades
La recaudación en empresas adjudicatarias del Puerto comenzó con el propio arranque de la FPV. En unos casos, como la contribución de 18.000 euros al Festival Aéreo de Vigo 2010 para que la FPV figurara en su cartel, la pagó directamente a los organizadores Dragados y Construcciones, que edificó el silo de Bouzas para almacenar automóviles en altura. En Hidroscivil, adjudicataria de obras de peatonalización, se habría suscitado una situación escabrosa. El gerente de la FPV, a la sazón Mario Ubiaga —ahora en pleitos con Porro y la FPV, motivo por el que rehusó confirmar el incidente a EL PAÍS— acudió para solicitar una donación y fue despachado con el argumento de que ya habían entregado 60.000 euros a su predecesor en el cargo, Pablo Alborés, quien, en defensa de su honor, solicitó formalmente a Hidroscivil una aclaración que, sin embargo, no obtuvo. Otras colaboraciones fueron más transparentes.
Construcciones Dios y Rías Bajas —dos empresas de un mismo titular, Manuel Dios—, adjudicatarias respectivamente de las obras de la fuente cibernética (paralizada) y del relleno de Arenal, transfirieron a la FPV dos partidas que suman 28.000 euros. Otra empresa, Infoelco, radicada en Ourense y adjudicataria de un jardín portuario, transfirió a la FPV 16.000 euros; Paz-Dismac, suministradora de material de oficina de la Autoridad Portuaria, 5.651. En otros casos la relación no es tan manifiesta, como los de la inmobiliaria Anvazgo (10.000 euros) o Naffta Sport (5.000). Pero en total, las donaciones transparentes a la FPV, incluidas las cuotas de afiliados, suman unos 120.000 euros. Otros 250.000 fueron aportados por los patronos privados: menos en su conjunto de lo comprometido en solitario por el Igape.
Un bocado de 5.650 euros al mes para la nuera
El plan de actuación de la FPV de 2011 registra 40 actividades de las que solo cuajaron un curso de Derecho Marítimo que dirigió María José Bravo, actual delegada de la Xunta en Vigo, para el que los alumnos pagaron matrícula y la Universidade de Vigo aportó 3.500 euros, y una exposición de Moncho Borrajo en la Estación Marítima. El plan, donde lo que no es paja es usurpación de actividades de otras organizaciones, fue elaborado por Paula Cerdeira Lago: “Me limité a poner lo que me dijeron, como una secretaria”, declaró a EL PAÍS. Durante año y medio, a través de 2M Marketing a Medida, su empresa, Cerdeira desarrolló en la FPV unas vagas tareas de asistencia por las que percibió 5.650 euros mensuales: unos 100.000 euros en total, que la sitúan por cuantía como la primera beneficiaria de fondos de la fundación.
Cerdeira, inicialmente muy atenta, supeditó un encuentro con EL PAÍS para concretar su papel en la FPV y el desarrollo del plan a que lo autorizaran en el Puerto. Tras casi un año de férrea cerrazón informativa de ese organismo —su presidente, Ignacio López-Chaves, se negó a responder a finales de enero si también lo era, o no, de la FPV, cuando lo era formalmente desde noviembre—, no hubo lugar a sorpresas: la asesora también se esfumó al otro lado del teléfono.
Para sufragar la montaña de paja del plan de actuación de 2011, la FPV consignó sus expectativas de recibir 234.485,6 euros de fondos públicos y 221.750 en donaciones. Eso, el 29 de abril. Al día siguiente, en las cuentas oficiales de 2010, certificó un gasto de 318.955 euros en “aprovisionamientos” con la misma finalidad teórica. Las cuentas las acredita el relevante empresario José Silveira Cañizares, en funciones de secretario del patronato, y Cerdeira, que es su nuera, el plan de actuación, como en mesa camilla. Aunque ambos se solidarizaron ahí con Porro, Silveira la contradijo hace unas semanas en las diligencias que se instruyen contra ella por un supuesto delito de falsedad documental.
El protectorado o fiscalización de medios y fines de la FPV, en tanto que “fundación de interés gallego”, le corresponde a la Consellería de Presidencia, dirigida por Alfonso Rueda, a su vez secretario general del PP gallego, que conoce los documentos.
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