“Fabra hipoteca la sanidad pública por falta de liquidez”
El nuevo modelo de gestión sanitaria azuza las marchas en defensa de los servicios públicos Cerca de 30.000 personas toman las calles en las protestas de Valencia, Alicante y Castellón
La implantación “irreversible” de un nuevo modelo mixto de gestión sanitaria con concesiones a empresas privadas en la Comunidad Valenciana, que anunció el viernes el vicepresidente del Consell, José Císcar, encendió las marchas convocadas el domingo en las tres capitales valencianas en defensa de los servicios públicos.
Más de 15.000 personas en Valencia, 10.000 en Alicante y unas 1.500 en Castellón respondieron a las convocatorias de la plataforma en defensa de los servicios públicos para expresar su malestar contra los recortes de los servicios públicos impulsados por la Generalitat, primero, y exigidos por el Gobierno central, después, y convocadas en toda España bajo el lema Con la educación, la sanidad y los servicios públicos no se juega.
Pero el “oscuro futuro” de los servicios sanitarios azuzó a los participantes. “Es el paso más largo hasta la fecha hacia la privatización de la sanidad pública”, apuntó Edmundo Febre, del sindicato médico independiente Simat, “la Generalitat necesita hipotecar la casa, la sanidad pública, por falta de liquidez”.
Remei Santacatalina, portavoz de la plataforma en defensa de los servicios públicos, subrayó el “doble recorte” que sufren los valencianos. Al recorte de sueldo a los funcionarios, aprobado el pasado enero, se suman ahora las exigencias del Gobierno central para asumir la factura que la Generalitat tenía pendiente con sus proveedores, una factura que supera los 4.000 millones de euros y que obliga a un nuevo tijeretazo.
“No puedo apretarme el cinturón y bajarme los pantalones a la vez”, rezaba el cartel colgado del cuello de un manifestante en Alicante para ilustrar el calibre del ahogo que sufren los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
La iniciativa de la Generalitat para ceder a empresas privadas todas las actividades de apoyo a la prestación estrictamente sanitaria es el último paso hacia el desmantelamiento de servicios públicos, pero las estrecheces financieras de la Generalitat se aprecian desde hace tiempo.
Jaime Esteban, de la plataforma en defensa de la ley de dependencia, abundó en el doble castigo que sufren los valencianos. “Somos los penúltimos, solo por detrás de los canarios, en número de prestaciones reconocidas”, comentó, “tenemos 30.000 dependientes en el limbo, tiene el derecho reconocido pero no cobran, y la Generalitat se está aprovechando de la moratoria que aprobó en enero Mariano Rajoy para retrasar los pagos en los casos menos graves. ¿Cuánto va a durar esa moratoria?”.
José Manuel, director de un colegio de primaria en Valencia, también sufre las estrecheces financieras de la Generalitat. “Por primera vez he cerrado las cuentas del comedor con números rojos porque no me pagan”, comentó. Y las cosas se complican más cada vez: “Este año se jubila la profesora de Pedagogía Terapéutica que atiende a los niños con necesidades especiales y me temo que no la repondrán”.
La decisión del Gobierno central de restringir las prestaciones sanitarias a los inmigrantes sin papeles tuvo especial reflejo en la marcha de Alicante. “Hay muchos inmigrantes aquí que están sin papeles”, recordó Malick Salane, presidente de la Asociación Senegal de Alicante, al frente de un nutrido grupo de inmigrantes.
El profesorado del Instituto de Enseñanza Secundaria Sos Baynat de Castellón coreaba cánticos como “la crisis camina para delante, la educación para detrás”. Y una de sus docentes se hacía eco del doble recorte que sufren los servicios públicos valencianos: “Estamos pagando todo lo que han hecho otros, primero fueron los recortes de la Generalitat y ahora los de Rajoy, estamos pagando dos veces porque en esta comunidad han derrochado más”.
Tino Calero, secretario general de UGT en Castellón, anticipó la cruda respuesta del presidente del Gobierno a las protestas en toda España: “Parece que con el Gobierno de Rajoy cada viernes sea viernes de dolor, cada viernes hay nuevos recortes”.
“No gobiernan, se aPPoderan”, denunciaba una pancarta en Valencia. “Despido libre ya, para banqueros tramposos e inversores codiciosos”, replicaba otra desde Castellón.
La oposición exige explicaciones
La cúpula de Esquerra Unida se dejó ven en Valencia tras una pancarta que rezaba: “Que no te hagan pagar la crisis, movilizate”. Los dirigentes socialistas que acudieron a la marcha iban más dispersos, pero Ximo Puig, secretario general del PSPV, cargó desde Vinarós contra la iniciativa formulada por el Consell para implantar un nuevo modelo de gestión sanitaria. “Es una vergüenza que el presidente de la Generalitat haya explicado la privatización de la sanidad a los militantes del PP de Madrid antes que a los ciudadanos valencianos”, declaró Puig.
El dirigente socialista anunció que reclamará un pleno extraordinario de las Cortes para que Fabra explique los pormenores de su iniciativa y el alcance de la privatización de la sanidad pública. “La Comunidad Valenciana necesita un presidente fuerte que nos proteja de la crisis y no un recadero de Rajoy que se limite a ejecutar las órdenes dictadas desde la sede central del PP en Madrid”, dijo Puig, “Fabra no duda en esquilmar bienes tan preciados y que tanto nos ha costado conseguir como la sanidad pública o la educación”.
Marga Sanz, coordinadora general de Esquerra Unida, por su parte, defendió la presencia de la coalición de izquierdas en la marcha: “Hoy más que nunca estamos aquí para apoyar la manifestación convocada por los sindicatos y las organizaciones sociales en defensa de los servicios públicos”.
Sanz apuntó que “vivimos en un momento crítico en que el PP está empezando a privatizar sin ningún tipo de contención la sanidad y la educación públicas. Esto es una desvergüenza y un fraude a la ciudadanía porque están aplicando un programa que no es el que votaron los ciudadanos, por eso no merecen seguir al frente de este Consell y tienen que irse”.
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