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Una fractura “innecesaria”

El hombre al que un ‘mosso’ rompió la tibia durante un desahucio en Salt critica la dureza policial

Una fractura “innecesaria”

La lucha por evitar nuevos desahucios ha vivido una escalada de tensión en el último mes en Girona. Por una parte, varias decenas de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por otra, los Mossos d’Esquadra encargados de abrir paso a la comitiva judicial. Se han enfrentado en dos ocasiones, con distinto resultado: una victoria para la PAH en Girona y otra para el banco en Salt. Un desahucio pospuesto y una tibia rota, la de Ramon Mateu, por un pisotón de un mosso. Es la primera vez que un desahucio acaba con un activista en el hospital y otros cuatro contusionados, dos de ellos atentidos por los médicos.

El asunto de la tibia rota de Mateu llegó hasta el Parlament, donde el consejero de Interior, Felip Puig, defendió la actuación policial y recordó que los Mossos siguen órdenes judiciales. El lunes pasado, unas 70 personas bloquearon la entrada al piso del que Mohamed Bartal y su familia iban a ser expulsados en Salt. Siete unidades de antidisturbios de la policía catalana acudieron en auxilio de la comitiva judicial. “Como era el día de Sant Jordi, compramos muchas rosas con espinas para la comitiva”, recuerda con sorna Mateu. “Hasta me hice una foto disfrazado de dragón”, continúa.

Los mossos retiraron a los activistas del portal uno a uno. “Tiraban de mí e instintivamente me agarré a los compañeros”, explica Mateu. No hubo carga, pero la PAH denuncia que algunos agentes usaron las porras y ejercieron una violencia “innecesaria”. Mateu, de 48 años, se llevó la peor parte. “Un policía me dio una patada detrás de la rodilla y continuó pisando hasta que me caí al suelo”, dice. La tibia hizo ¡crac! y el hombre deberá estar entre seis y ocho semanas sin apoyar el pie.

La PAH de Girona ha ganado fuerza en los últimos meses y sus miembros, desahuciados o a punto de serlo, sienten que no tienen nada que perder. Es el caso de Mateu, que, además de lidiar con el banco, ha tenido que luchar contra un cáncer de colon que ha puesto su vida patas arriba. Él y su pareja firmaron una hipoteca en 2005 para comprar una vivienda en Olot con la idea de dividirla en tres pisos, vender dos de ellos y vivir en el tercero. Eran otros tiempos, Mateu tenía una empresa de instalación de chimeneas y las cosas le iban bien.

Pero llegó el cáncer y todo cambió. “Enfermé en 2007 y no pudimos terminar las reformas”. Tampoco vender esas dos viviendas, financiadas con una hipoteca de autopromoción añadida a la hipoteca inicial. La carencia de la hipoteca venció y la pareja no podía hacer frente a los pagos. A Mateu le tuvieron que operar para extirpar una parte del recto y del colon. Tras el periodo de recuperación, volvió a trabajar, pero “la rueda de la empresa se había parado”. Aun así, siguieron metiendo dinero en la hipoteca y buscando una solución con el banco. “La gente no deja de pagar porque sí”, afirma ahora.

La enfermedad avanzó y, en septiembre de 2010, le detectaron una metástasis. Mientras le operaban por segunda vez, Inés, su pareja, acudía a una reunión de la PAH en Barcelona. “Llegó con los papeles de la hipoteca bajo el brazo y llorando como una Magdalena”, recuerda Marta Afuera, portavoz de la plataforma. En ese momento surgió el vínculo emocional con los activistas. “Conocer a la gente de la PAH fue como una liberación”, dice Mateu. “Descubres que no estás solo y ganas seguridad, una sensación de que sí se pueden hacer cosas”.

Gracias a la PAH, la pareja ha conseguido la dación en pago de una de las hipotecas y liberar al amigo que les avaló. Ahora negocian con la entidad la condonación de la deuda que persiste, mientras viven en una casa de alquiler por la que pagan 360 euros al mes.

Con la pierna inmovilizada y sentado en el sofá de su casa, Mateu dice que recibió el golpe en la rodilla “con una mezcla de dolor y sorpresa”. “Lo que más rabia me da es que no era necesario”. Afuera insiste en que la PAH es un “movimiento pacífico”. Pero la policía cumple órdenes de los juzgados, que a su vez deben ejecutar los procedimientos si las entidades bancarias no quieren negociar. La crisis avanza y con ella los desahucios. Está por ver si el caso de Salt se queda en un hecho aislado o, por el contrario, la tensión ha llegado para quedarse.