Las Cortes amenazan con sanciones por no acudir a la comisión de la CAM

Los servicios jurídicos de Las Cortes Valencianas advierten, en su informe sobre la no comparecencia de altos cargos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la comisión de investigación sobre CAM, de que el Código Penal sanciona a quienes no atienden los requerimientos de estos órganos parlamentarios, con independencia de su cargo.

El informe, que ha sido recibido hoy por la Presidencia de Las Cortes, aclara que tanto el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como los otros seis altos cargos que declinaron comparecer en la comisión parlamentaria podrían ser acusados de un delito de desobediencia.

La comisión de investigación sobre CAM remitirá el informe a estos comparecientes y les apercibirá de su deber de someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios, y si aún así declinaran su asistencia, pondría los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El origen de este informe jurídico se encuentra en el escrito en el que el gobernador del Banco de España remitió a Las Cortes en respuesta a la solicitud de documentación que le había realizado la comisión, y que se negó a facilitar por su carácter "reservado". Fernández Ordóñez también excusaba su ausencia, basándose en un dictamen del Consejo de Estado, en que el ámbito de actuación de la comisión de investigación de Las Cortes estaba circunscrito al de la comunidad autónoma.

Junto al gobernador del Banco de España, rehusaron comparecer otros cuatro altos cargos de este organismo, además del director general del FROB, Mariano Herrera, y su exdirector Julián Atienza. Frente a estos argumentos, los servicios jurídicos de Las Cortes recuerdan que el Código Penal prevé una sanción para quienes "no atiendan los requerimientos de las comisiones de investigación" e incurran así en un delito de desobediencia.

En cuanto al ámbito de actuación, el documento aclara que las comisiones de investigación de Les Corts pueden pedir la comparecencia o información a cargos públicos o funcionarios ajenos a la Generalitat, dentro de "la necesaria cooperación en un Estado compuesto" como el español y pese a que su ámbito de control se limita a la administración autonómica. Ello es posible porque la convocatoria o petición de documentación a autoridades o funcionarios que no pertenezcan a la Generalitat no implica que se vaya a efectuar un control sobre ellos mismos, explican los letrados de la Cámara.