España no logra un compromiso de Almunia con el naval

El sector naval esperaba mucho, quizá demasiado, de la reunión que ayer mantuvo el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, con el ministro de Industria, José Manuel Soria. El sistema de financiación de buques a través de deducciones de impuestos, llamado tax lease, iba a recibir el empujón final tras casi un año estancado en los despachos de Madrid y Bruselas. Pero ni hay desenlace ni fecha sobre el mismo, según confirmaron fuentes conocedoras del encuentro.

Soria transmitió una vez más el interés que tiene España en llevar adelante un nuevo instrumento de financiación similar al que tienen otros países como Francia. El comisario estuvo de acuerdo en que, si la propuesta de Madrid está en línea con lo que está vigente en otros lugares, saldrá adelante. Es lo mismo que lleva diciendo desde el pasado otoño sin que técnicamente se haya encontrado un punto de encuentro entre las autoridades comunitarias y las españolas.

Entre tanto, la industria auxiliar y los grandes constructores siguen esperando que la política desatasque el problema. Astilleros como Barreras condicionan su viabilidad a la existencia de esa herramienta, sin la que tampoco se podrán contratar barcos para armadores como Pemex, la petrolera con la que la Xunta ha estado negociando en México.

Deducciones

 El tax lease es un proceso que combina dos regímenes fiscales distintos. Funciona a partir de en una directriz comunitaria (en la mayoría de los países de la UE existen regulaciones equivalentes), que permite a los armadores vender los buques en construcción a una compañía de leasing (alquiler con opción a compra) que a su vez tiene un contrato con una Agrupación de Interés Económico.

Empresas de todo tipo, sobre todo la banca arrienda el buque al armador a través de un contrato llamado “a casco desnudo”, sin tripulación. La compañía de alquiler financia la adquisición del buque al armador y éste le paga por cuotas.

Lo interesante es que la legislación permitía amortizar aceleradamente el barco, en 3,5 años. Dicha amortización daba lugar a bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades que se trasladan a los socios de la AIE. Los beneficios fiscales se distribuyen a lo largo de la vigencia de la sociedad y pueden suponer ahorros del 15% del precio final.