La juez decreta prisión sin fianza para el exconsejero de Empleo andaluz

La juez Mercedes Alaya ha decretado esta madrugada prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero Antonio Fernández, acusado de seis delitos por su implicación en el caso de los ERE fraudulentos. Fernández, el imputado de mayor rango político en el caso y el primer exconsejero andaluz que ingresa en la cárcel durante la democracia, está acusado de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios (los cuatro últimos continuados).

A las 6.45 la juez le ha entregado al ex alto cargo de la Junta el auto de prisión. Ha sido después de que pidiera la drástica medida la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones del PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias, y tras más de cinco horas que la juez ha empleado en redactar el auto de prisión, de 77 páginas.

La magistrada ha decretado el ingreso en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla II) y ha prohibido “cualquier contacto” con su exsubordinado, el que fue director general de Trabajo, Javier Guerrero, en prisión preventiva desde el 10 de marzo. La juez justifica la prisión provisional por el riesgo de fuga del exconsejero y la posibilidad de que pueda entorpecer la investigación. Además, subraya en su auto los 18 años de prisión que pueden acarrearle una ulterior condena a Fernández, sobre todo por el delito de malversación continuada.

La instructora justifica el riesgo de fuga por el nivel económico del ex alto cargo: “Dado los importantes cargos públicos que ha desempeñado y que a día de hoy aún desempeña, con importantes salarios mensuales, se le supone suficiente capacidad económica para dicha evasión, sin que el arraigo familiar pudiera ser obstáculo”.

La magistrada considera ilegal el fondo para empresas en crisis que dotó con 647 millones entre 2001 y 2010, y acusa a Fernández de ser el ideólogo del sistema de ayudas públicas, que buscaba evitar los controles de la Intervención General y la Unión Europea. “Resulta (…) difícil de creer también que el Sr. Fernández, como viceconsejero y consejero, no tenía el grado de conocimiento suficiente, siendo además formado en derecho, para adivinar la presunta ilegalidad del procedimiento y por supuesto constatarlo tras los informes de la Intervención que devaluaron las alegaciones de la agencia Idea (pagadora de las ayudas)”.

A las 7.45 el exconsejero ha salido de la sala de vistas acompañado de su abogado y escoltado por dos agentes de la UCO y otros tres guardias civiles hacia el furgón policial, en el que ha sido introducido camino de prisión tras una tensa noche. A diferencia del ex director general Javier Guerrero, Fernández no iba esposado al entrar en el furgón.

El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha censurado la decisión de la juez a las puertas de los juzgados sevillanos.

"Hoy es un día triste para el estado de derecho. Manifiesto mi profundo desacuerdo con la decisión de prisión sin fianza, sobre la base de meras sospechas en actos de terceras personas, y sobre la base de la presunción de ilegalidad de un procedimiento perfectamente presupuestado durante 10 años".

El exconsejero ha afrontado con entereza, ánimo y la conciencia tranquila la decisión de la juez, según palabras de su letrado. Este ha añadido: "Es una presuposición infundada de que se hizo en contra del criterio de la Intervención, cuando la realidad es que la Intervención consintió, ya que no suspendió el procedimiento y permitió los pagos".

Las primeras reacciones ante el ingreso del extitular de Empleo en prisión sin fianza ya han empezado a sucederse. A primera hora de la mañana el coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas, ha asegurado a Europa Press que la Justicia tiene que llegar "hasta el final" en relación en el caso de los ERE, "alcance a quien alcance, para que la ciudadanía se quede tranquila y satisfecha de que se ha hecho un trabajo de esclarecer uno de los elementos más negativos de la corrupción que ha tenido nuestra comunidad". Entre los socialistas, el primero en pronunciarse ha sido el exministro y diputado en el Congreso Ramón Jáuregui, que se ha mostrado "convencido" de que la resolución final "exonerará de responsabilidad" a Fernández, y ha asegurado que respeta la decisión de la juez Mercedes Alaya de ordenar su ingreso en prisión. En rueda de prensa, el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha calificado la decisión de la juez como de "absolutamente radical".

Más de medio centenar de imputados

La Fiscalía Anticorrupción, el PP y Manos Limpias reclamaban una fianza a Fernández por responsabilidad de 890 millones de euros. El letrado de la Junta de Andalucía solo exigía como medida cautelar que Fernández acudiera al juzgado cada siete días y una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros.

De momento, por esta causa, que acumula más de medio centenar de imputados, están en prisión el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, y su antiguo chófer, Juan Francisco Trujillo.

La declaración del ex alto cargo del Gobierno autónomo empezó el pasado viernes y terminó el lunes con las preguntas de las acusaciones particulares y de las defensas. “¿Qué podría haber hecho yo para evitar esto?”. Esta pregunta fue el alegato final del exconsejero. Lo dijo momentos antes de que se decidiera su suerte en la causa. La frase que cerraba 40 intensas horas de interrogatorio fue un “reconocimiento expreso de culpabilidad” para varios letrados, un giro inesperado para todos, especialmente al porvenir del acusado que hasta ahora se ha mantenido más firme en la defensa de la legalidad del fondo para empresas en crisis. Y el primer alto cargo de la Junta que planteaba batalla a la tesis de la juez, que desde el principio ha censurado la creación del fondo como un sistema para repartir ayudas millonarias a círculos empresariales cercanos al PSOE.

A pesar de las interpretaciones ante una sorpresa de tal calibre en un momento tan decisivo como la última palabra, su propio abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, matizó el significado del lamento de su cliente: “Tiene consciencia de haber actuado conforme a la legalidad y de no haber consentido conductas ilegales. Sin embargo, a la vista de los evidentes indicios que contiene el procedimiento, él mismo se cuestiona si podría haber sido un consejero más cercano y vigilante, en vez de un consejero impulsor y tan confiado”.

Fernández vio cómo los indicios aportados por la magistrada durante cuatro jornadas agotadoras (el cansancio hizo mella en el imputado y por la tarde oponía menos resistencia a las acusaciones de la magistrada) pesaban demasiado sobre la responsabilidad que mantuvo durante seis años al frente de la Consejería de Empleo (2004-2010). Y en cierto modo, claudicó. Las caras de los abogados defensores mostraban su estupor ante lo que parecía un intento desesperado de Fernández ante la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera prisión incondicional.

El exconsejero aclaró que este sentía el “daño enorme” que el procedimiento penal había causado a la imagen de Andalucía, en palabras de su abogado. Del Hoyo puntualizó: “El daño institucional generado a la Junta de Andalucía y a la propia comunidad autónoma, habida cuenta del debate público y los términos en que se ha desarrollado a nivel nacional”. En la mañana del lunes, el exconsejero aseguró que desconocía las gestiones que realizó Javier Guerrero, que estuvo a sus órdenes durante cuatro años (entre 2004 y 2008). “Un desconocimiento total y absoluto”, señaló uno de los abogados presentes en la causa.

Fernández contestó a unas 170 preguntas formuladas por la letrada del Partido Popular. Durante el interrogatorio, el exconsejero mostraba su convencimiento de la legalidad del fondo para empresas en crisis, creado en 2001 y dotado con 647 millones hasta 2010, y que la juez considera ilegal. La letrada le preguntó por empresas como Samec o los ERE (expedientes de regulación de empleo) en grandes compañías como Heineken. Además, le interrogó por las ayudas millonarias que no pasaron por el Consejo de Gobierno y los expedientes que no llegaron desde la Dirección General de Trabajo hasta el consejo rector de la agencia Idea (pagadora de las ayudas).

Preguntas sin respuesta

Fernández dejó muchas preguntas sin contestar y frenó una de las cuestiones cuando la abogada tildó la partida 31L de “fondo de reptiles”, al puntualizar que no toleraba esa definición para un fondo aprobado por el Parlamento durante diez años. Otro abogado calificó el interrogatorio como “político”, por la cantidad de preguntas de índole política e indirectamente relacionadas con la causa penal.

El exconsejero de Empleo ha admitido que la negociación pactada para su salida de la empresa González Byass, de la que fue trabajador, no fue la mejor de las soluciones posibles. Su inclusión en el ERE de la firma bodeguera le ha supuesto la imputación por cohecho, al tener previsto percibir 31.000 euros como indemnización por despido derivada del ERE que él mismo autorizó en 2008. “Tal vez habría conseguido más dinero”, ha declarado el acusado sobre qué hubiera pasado de haber negociado su despido de González Byass de forma individual en vez de ser incluido en el expediente con el resto de trabajadores. Los 386.000 euros que estaban destinados para Fernández según el acuerdo entre la empresa y la Junta, siguen estando previstos como pago de la Administración a la aseguradora, ya que nunca se recalculó el abono de la Junta después de que Fernández no firmara su boletín de adhesión y por tanto renunciara al ERE.

Al ser preguntado sobre el expediente de Delphi, Fernández ha reconocido que este ERE supuso a las arcas “muchísimo dinero, no sé ni cuánto”. El exconsejero no ha sabido explicar por qué las ayudas que superaban los tres millones no fueron llevadas al Consejo de Gobierno para su posterior aprobación, tal y como estipula la ley, que la juez Mercedes Alaya le ha mostrado durante su interrogatorio.

Por último, la letrada del PP le ha preguntado por el contrato adjudicado por la empresa pública Santana como asesoría jurídica al despacho Olivencia-Ballester, que dirige Luis Olivencia, cuñado del presidente del PP andaluz, Javier Arenas. Al parecer dicho contrato fue adjudicado supuestamente de manera errónea a la partida 31L pese a que fue abonado con los fondos propios de la agencia Idea. Fernández ha reconocido su firma en la adjudicación del contrato al bufete, concedido “por su experiencia en derecho comunitario”.