Construcuatro usurpó tierras a una familia, según un perito judicial

El perito judicial dio ayer un empujón a las aspiraciones de la familia Vázquez Rebollar en su pleito con Construcuatro por la supuesta usurpación de unos terrenos en Pontevedra para construir un bloque de viviendas. “Sin ninguna duda son de la familia”, repitió el arquitecto José Luis Pichel respecto de las propiedades en disputa con la constructora —de la que era administrador Telmo Martín hasta que le sucedió su esposa— y por los que le reclaman una indemnización millonaria.

La del perito era la comparecencia clave de esta segunda jornada del juicio, que comenzó el martes en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pontevedra. Pichel llegó a la sala de vistas con un vasto expediente en el que relataba al detalle los cambios de la propiedad en la zona desde 1930. “Ha sido una labor casi de investigación registral”, explicó. Pese a la conclusión del técnico, el abogado de la familia —al igual que hizo también el de la promotora— cuestionó algún extremo del peritaje.

El letrado de los Vázquez Rebollar hizo levantarse al arquitecto para que superpusiese los planos en la ventana de la sala, en medio de un debate milimétrico sobre si la propiedad familiar constaba de una sola finca o de dos separadas por una distancia ínfima. La discusión no tenía demasiada relevancia, porque la clave era determinar si la propiedad en disputa bloqueaba una fachada de la propiedad principal, superior a 13.500 metros cuadrados y, esa sí, propiedad de Construcuatro.

El perito, que aportó un plano propio basado en el del plan de ordenación municipal, recordó que incluso en el propio proyecto de parcelación de la promotora en 1999, los planos reconocen que el solar de Construcuatro estaba separado de la vía pública por dos pequeñas propiedades, que desparecieron en sucesivas correcciones e incluso llegaron a ser escrituradas. “No entiendo como el Ayuntamiento dio la licencia municipal”, dijo. Antes había dedicado también alguna pulla al letrado de la inmobiliaria. “Hay errores flagrantes en su contestación a la demanda, no se lo digo con animadversión”. “No tuve toda la documentación, no es que sea yo muy torpe”, se defendió el abogado.

El experto judicial también echó por tierra las alegaciones de Construcuatro respecto a los cambios en las escrituras por parte de la familia antes de que la constructora comprase el solar contiguo, y en las que su abogado quería ver una maniobra para beneficiarse de una posible venta. Una parte de la documentación señalaba que la finca principal, que se fue vendiendo por partes durante varios años, era en realidad dos distintas. Tanto daba, según el perito. “Quedó probado que aunque hubiese dos siempre fueron tratadas como un todo”.

Durante las conclusiones los letrados de ambas partes pujaron por la cuantía de la indemnización. Construcuatro defendió que el valor del suelo se ha de calcular tomando como referencia las viviendas de protección oficial, a lo que la familia contraatacó sacando a colación una vez más las sanciones a la constructora por el cobro de sobreprecios.

El abogado de la familia llegó a recuperar su petición inicial de 2,8 millones de euros, que su perito había rebajado a 1,5, con el argumento de que este solo era un cálculo hecho en caso de que el juez optase por defender las mediciones del experto judicial, que daban una superficie algo menor.