“Si él no estuviera muerto, estaría muerta yo”

La Seguridad Social ha dejado de pagar de forma “definitiva” a L.A.V., vecina de Zamáns (Vigo), de 79 años, la pensión de viudedad (640 euros al mes) que percibía desde hace 25 y además le obliga a devolver los 32.115,15 euros que recibió desde enero de 2008. La carta de notificación, del 16 de febrero, firmada por la subdirectora provincial de pensionistas, justifica la medida en la sentencia que la declaró culpable de la muerte de su marido y acabó condenándola a 12 años de prisión.

El 18 de enero de 1987, sobre las 19,30 horas, D.H., que había abandonado el domicilio conyugal hacía tres años pero bebía mucho y seguía torturando a la mujer y a los hijos, día y noche, según el juez, con “amenazas verbales y agresiones físicas”, se presentó por última vez ante la casa. L.A.V. asegura que su marido tenía una pistola y que marró el disparo. Entonces, “en defensa propia”, ella armada con un palo y uno de sus siete hijos con una horquilla, se abalanzaron sobre él para darle una paliza de escarmiento. “Lo golpearon sañudamente, hasta hacerle caer al suelo donde aún le golpearon”, relataba la sentencia que dictó la sección primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra en diciembre de 1987. El hombre no murió entonces. Esposa e hijo lo llevaron hasta una taberna próxima, y desde allí llamaron a la policía.

Pensaban que al pertinaz maltratador se lo llevarían detenido, pero sucedió que el hombre fue trasladado al hospital y los arrestados fueron quienes habían telefoneado a comisaría. D.H. falleció al día siguiente. “Si él no estuviera muerto, estaría muerta yo”, defiende la viuda.

La sentencia, que no reconocía la eximente de legítima defensa, atribuyó esta muerte a los golpes recibidos por el maltratador en la cabeza y en el tórax. El juez, no obstante, aplicaba la atenuante de arrebato y obcecación. En la acción de madre e hijo había sido determinante “un estado pasional de obnubilación u ofuscación, irritación y enfurecimiento”, a causa “del precedente comportamiento de la víctima”. Aunque el fiscal solicitó para cada uno de los autores de la agresión 20 años de cárcel, la atenuante redujo la pena a 12. El hijo fue indultado un año después, y ella salió tras casi cinco (a pesar de que tanto los vecinos de Zamáns como los hijos habían reclamado al Gobierno el perdón) por los buenos informes que emitieron las prisiones por las que pasó.

El juez dijo que ella actuó “ofuscada” por la actitud de la víctima

En aquel juicio, como acusación particular, se presentó la hija que vivía con el maltratador. Ahora, L.A.V., que tiene “a toda la gente” con ella, no sabe de dónde ha podido venir la denuncia que llevó a la Seguridad Social a revisar su pensión después de tantos años. La carta dice que tiene 15 días para recurrir, pero ya busca en casa qué empeñar. Con ella viven tres hijos varones en paro, y solo uno sigue percibiendo el subsidio. La vivienda familiar es de ellos. Ella no es titular más que de dos fincas malas de vender. “No tengo una perra, estoy enferma, ya no puedo trabajar. No puedo pagar los 32.000 euros”, dice. Pero lo que más le preocupa es empezar a tener deudas cerca de casa. No poder pagar el recibo del seguro para su enterramiento. No poder pagar “la contribución y la basura, que ya tocan”. No poder pagar “a la panadera”.

L.A.V. insiste en que la paliza aceleró el desenlace pero pudo no haber sido la única causa de la muerte. Recuerda que su esposo estaba mal del corazón y alcoholizado, y que se había roto varias costillas hacía días al caer de un caballo. En vida, dice que apenas aportó dinero en casa. Fue ella quien crió a los hijos, vendiendo pescado de puerta en puerta y leche en el centro de Vigo. Un día tuvo que marchar corriendo con el niño más joven, herido, al hospital. Y él aprovechó para hacer la maleta. Se llevó todas las escrituras.