Un cargo de la Cámara de Pontevedra cobró 27.400 euros de un proveedor
La fiscalía investiga los hechos que destaparon los propios trabajadores del organismo
La Fiscalía de Pontevedra investiga la relación entre varias empresas y la Cámara de Comercio de esa ciudad a raíz de una denuncia interna que destapó presuntas irregularidades cometidas por la secretaria general, Charo Lorenzo Pontevedra. Lorenzo figura como apoderada en una cuenta bancaria particular de Juan José María Lago, socio único de la empresa brasileña Comunicacoes Empresariais, que ofrece servicios de comercio exterior para incentivar las exportaciones a Brasil.
Como secretaria de la Cámara, Lorenzo daba su visto bueno a los cheques que, firmados por el presidente, deberían de haber ido a parar a una cuenta de la empresa. Realmente terminaron en la cuenta particular de José María Lago en una sucursal bancaria de la capital provincial donde la propia secretaria de la Cámara estaba apoderada. De esta manera, Charo Lorenzo cobró, al menos en tres ocasiones, un total de 27.200 euros.
La secretaria cobra una retribución anual de 97.000 euros
El presidente de la Cámara, Manuel Gómez Rivera, según pudo saber EL PAÍS, tuvo conocimiento de los hechos el pasado 8 de marzo, tras lo que pidió un informe a un despacho de abogados externo. Ese estudio concluyó que la secretaria había cometido una falta grave por la que hasta el momento no ha sido sancionada, pero no encontró “indicios racionales de delito” en el asunto de los cheques. La directiva de la Cámara no estimó conveniente ponerlo en manos de la fiscalía, pero sí abrió una investigación a las personas que habían denunciado o colaborado en la denuncia y que solicitaron la dimisión inmediata de la secretaria. “El procedimiento interno, que los órganos de gobierno de la Cámara están llevando a cabo, no se ha cerrado todavía”, aseguró la institución en un comunicado el pasado día 11, un día después de que la justicia pidiese la primera documentación. Fue la única respuesta oficial al escándalo, ya que el actual presidente eludió dar más explicaciones pese a los reiterados requerimientos de este periódico, igual que la secretaria.
La empresa brasileña destinataria de los cheques había sido contratada a dedo por la institución siendo presidente Francisco Moldes, que plasmó el acuerdo en un documento con fecha 1 de enero de 2012, día festivo. Realmente lleva años cobrando de la Cámara de Pontevedra, pero sus contratos, si existen, no están registrados.
La Consellería de Economía, que financia a las Cámaras en comercio exterior y que tiene el deber de tutelarlas, echa balones fuera: “Son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia. Es la justicia la que debe pronunciarse si hay irregularidades”. La respuesta pasa por alto el artículo 47 de la Lei de Cámaras de Galicia, que faculta a la Xunta para “requerir toda aquella documentación que estime procedente” sobre las cuentas anuales y las auditorías internas.
La Fiscalía también ha pedido información sobre el salario de Charo Lorenzo, que comenzó a trabajar en la institución en el año 89 como asesora y que ahora cobra, como secretaria, una retribución anual bruta de 97.000 euros. Ella ha sido la artífice de iniciativas de promoción como la pasarela Pontus Veteris, una acción de promoción de la moda que congrega cada año a diseñadores gallegos. La Fiscalía también ha solicitado información sobre los principales proveedores de la Cámara, en especial las empresas que obtuvieron en los últimos años los contratos de la pasarela.
Paralelamente, Charo Lorenzo se acaba de lanzar al negocio textil de la mano de una diseñadora que hasta hace pocos años era una de las fijas de esa feria de moda. El pasado 28 de octubre fundó con Charo Álvarez, propietaria de Charoa, la firma Facedoras, una Sociedad Limitada dedicada a la fabricación de ropa para uso técnico e industrial. El Registro Mercantil poco más informa de Facedoras, que hasta junio no tiene que presentar las cuentas de 2011.
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