El consejero Puig, de fracaso en fracaso

Dieciséis meses es tiempo suficiente para dar una idea de las capacidades de un Gobierno. Al que preside Artur Mas este periodo le está resultando una penosa ascensión por un calvario económico y presupuestario. Un vía crucis en el que, al decir de uno de sus miembros, cada reunión semanal está protagonizada por una ansiosa búsqueda de dinero para pagar deuda, proveedores y nóminas.

Si esta es la cruda realidad impuesta por la crisis económica, también es cierto, sin embargo, que la gestión gubernamental se la juzga no solo por parámetros económicos y presupuestarios. El consejero de Interior, Felip Puig, por ejemplo, se deleitó en sus primeros meses echando atrás algunas políticas de su antecesor, Joan Saura. Y con ello satisfizo los intereses corporativos e ideológicos sobre cuyas campañas en contra del Gobierno de izquierdas había cabalgado CiU como partido de la oposición. Cosas como suprimir el código ético de la policía y el programa contra la violencia machista, por ejemplo. Para Puig fue un momento feliz. Todo muy fácil y gratis. Pero el tiempo pasa y llegó el momento en el que el consejero tuvo que demostrar que sabía hacer algo más que atender a los grupos de presión afines. Llegó el 27 de mayo y el Departamento de Interior no supo organizar y llevar a cabo una operación tan asequible para una policía moderna como el desalojo de la plaza de Catalunya convertida en campamento del movimiento del 15-M. Lo que debía ser, y pudo ser, una simple operación de higiene a cargo de brigadas de barrenderos terminó en cargas policiales y violencia. Un fracaso.

Un par de semanas después, el consejero Puig consiguió el dudoso honor de llevar a la primera página de la prensa internacional la imagen del helicóptero policial con el que el presidente de la Generalitat logró llegar al Parlament. El día antes se había anunciado la concentración de manifestantes del movimiento del 15-M ante el Parlament y el Departamento de Interior fue incapaz de llevar a cabo lo que debe de ser una de las operaciones más típicas de toda policía: garantizar la existencia de un paso de acceso seguro a los diputados y el Gobierno a un edificio oficial. El dispositivo organizado fue un fiasco total y ofreció otra vez un penoso espectáculo de cargas policiales inútiles.

No fue la última oportunidad que el movimiento del 15-M brindó al Departamento de Interior para demostrar su impericia. Cuatro meses después, la policía improvisó sobre la marcha la ocupación de nada menos que la Ciudad de la Justicia con el objetivo de detener a seis participantes en las manifestaciones de junio, ¡cuando habían acudido al juzgado para prestar declaración por aquellos hechos! Aquella delirante iniciativa de Interior provocó una dura e insólita nota de protesta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la definió como un abuso en el ejercicio de la fuerza, en sede judicial.

La huelga general de hace un par de semanas ofreció a Puig una nueva oportunidad de colocar otro fracaso de la policía catalana en las portadas de la prensa internacional. Esta vez por choques con el núcleo de manifestantes anarquizantes que en Barcelona suele aprovechar algunas grandes concentraciones y celebraciones para hacer acto de presencia. Esta vez quemaron un Starbucks y numerosos contenedores de basura, entre otras cosas. No era la primera huelga general en los últimos años. En las anteriores había habido despliegues policiales discretos, previamente pactados con los sindicatos, y no había habido choques destacables. Pero a Puig le gustan las portadas de la gran prensa. Esta vez, calentó la huelga ordenando la detención de piquetes la mañana del 29 de marzo, por si no bastara con los recortes salariales y la destrucción de empleo.

Ahora, ante la evidencia de su desbordamiento, Puig recurre al populismo, en compañía del ministro Fernández Díaz, para vender la idea de que recortando derechos y endureciendo el Código Penal logrará controlar lo que se le escapa de las manos. Pero antes de pensar en cómo meter más gente en la cárcel, sería más rentable buscar un consejero de Interior y un director general de policía prudentes y expertos.