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La fiscalía investiga a la Cámara de Pontevedra

La fiscalía pidió a la institución datos sobre contratos y pagos a proveedores

La Fiscalía Provincial de Pontevedra está investigando a la Cámara de Comercio de la ciudad por una supuesta contratación irregular, según anunció ayer la propia institución cameral. La organización empresarial evitó dar datos concretos sobre la operación, que define únicamente como “la contratación de un servicio externo siguiendo unos cauces que sembraron dudas en el seno de la institución” y que hizo pública, según explica en un comunicado, al día siguiente de recibir un oficio de la fiscalía “en el que solicita información sobre diversos aspectos”.

La Cámara asegura que antes de que el ministerio público se interesase por el caso ya estaba en marcha una investigación interna, que se activó el pasado 8 de marzo. “Por la información que ha podido conocer el pleno, que se ha ido recabando por el presidente y el comité ejecutivo, y de acuerdo con el estudio de un gabinete jurídico externo, no se han puesto de manifiesto indicios racionales de delito”, explican desde la Cámara, que celebró el martes un pleno extraordinario nocturno “para analizar el resultado del procedimiento interno”, curiosamente el mismo día en que la fiscalía formalizó su petición de información. Del contenido del requerimiento la Cámara dice únicamente que “solicitaba información sobre diversos aspectos, alguno de los cuales se refieren a la relación contractual que es objeto de investigación por parte de los órganos de gobierno de la Cámara”.

El pleno se reunió de urgencia el mismo día en que la fiscalía pidió informes

El presidente del organismo, Antonio Gómez Rivera, que sustituyó en enero a Francisco Moldes, declinó ayer comentar los pormenores del caso, aunque señaló que la investigación solo está en la fase de diligencias informativas. “Hemos querido que se sepa que estamos dispuestos a colaborar con la fiscalía”, aseguró.

La Cámara de Pontevedra señala además que el procedimiento interno todavía no ha terminado, y que queda por concluir un periodo de instrucción y alegaciones “en cumplimiento de la normativa legal, interna y externa”.

La investigación se activó el pasado 8 de marzo

La investigación llega en un momento peliagudo para la entidad, muy tocada económicamente desde que desapareció la obligación del pago de cuotas, y que para 2012 tuvo que reducir un 30% su presupuesto, que se situó en un millón de euros. El recorte obligó a suspender la pasarela Pontus Veteris.