El alcalde de Rasquera tira la toalla

“La mentira es el peor delito que puede cometer un político, lo he pensado mucho y voy a dimitir, ya no hay vuelta atrás”. Así anunció ayer Bernat Pellisa su cese como alcalde de Rasquera (Ribera d'Ebre) porque su proyecto de plantar cannabis en la población no consiguió más del 75% de los votos en el referéndum celebrado el martes. El alcalde había prometido dejar su puesto si no lograba esta mayoría, y también la dimisión en bloque del equipo de gobierno, formado por otros tres regidores de ERC, aunque ayer Pellisa dejó esta opción en el aire y subrayó su voluntad de no dejar por el momento “el Ayuntamiento en manos de la oposición” o de una junta rectora.

Aun así, al margen de los relevos políticos y animado por el en las urnas, el aún alcalde se mostró firme en su decisión de llevar adelante el cultivo a gran escala en Rasquera para la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA). El proyecto se enmarca en un plan anticrisis para sanear las cuentas municipales y lo apoyaron en la consulta el 56% de los vecinos. La iniciativa, sin embargo, ha puesto en jaque a todas las Administraciones.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se mostró este martes n contra de que el Ayuntamiento permita una plantación de marihuana para subsanar la deuda del Consistorio. “La crisis es dura, pero para resolverla no tenemos que tomar medidas de las que nos podamos arrepentir cuando la hayamos superado”, dijo. El consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, se expresó en la misma línea, pero fue más allá. “Si algún día existe la plantación, la policía actuará, levantará un atestado y lo someterá a la fiscalía", amenazó.

La crisis es dura pero para resolverla no podemos tomar decisiones de las que nos podamos arrepentir", dice Ruiz-Gallardón 

Según el consejero de Interior del Ejecutivo catalán, “nada ha cambiado” después del pronunciamiento de los vecinos en la consulta popular. “El referéndum no altera el Código Penal ni la actuación de la policía”, subrayó Puig, quien también recordó que la fiscalía tiene abierta una investigación sobre la legalidad la de la plantación. Además, diversas fuentes apuntan que el abogado del Estado intervendrá en los próximos días si sigue adelante el proyecto. La ABCDA ya pagó 30.000 euros al Consistorio por los trámites de las plantaciones y abonará 1,3 millones de euros en dos años si florece la droga.

Ajeno a la polémica, Pellisa sigue defendiendo la “legalidad” de la plantación porque nadie de la Generalitat se ha puesto en contacto con él para criticar el informe jurídico publicado hace un mes y medio. Y dijo no temer que la justicia paralice la iniciativa, y tampoco los Mossos. “El proyecto está vivo, de momento no lo ha parado nadie, no lo han podido rebatir con argumentos legales”, afirmó Pellisa a las puertas del Consistorio, antes de reunirse con sus concejales para establecer “una hoja de ruta”. El 16 de abril acaba el plazo para presentar alegaciones al plan anticrisis.

Pellisa se dio de baja en ERC hace tres semanas para alejar a su partido de la polémica. Y achaca su dimisión como alcalde a una persecución política protagonizada por CiU, que se opone al cultivo. “Me quieren sacar de en medio. Viene de lejos, de cuando era presidente del Consejo Comarcal de la Ribera d’Ebre en 2010 y me encerré en el edificio en contra a del cementerio nuclear. Hay demasiados intereses económicos”, dijo Pellisa. Para Bernard Farnós, portavoz de CiU, la plantación no es la solución a la crisis pese a que Rasquera es el tercer municipio más endeudado de Cataluña (un 236%). “Demuestra muy poca sensibilidad con las causas del consumo de droga y el alcalde ya reconoció que generaría inseguridad en el pueblo”, dijo.