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El juez imputa al edil de Urbanismo de Torrevieja por la basura

La secretaria municipal también está imputada por una licencia de obras para la planta de residuos

El Juzgado de Instrucción número dos de Torrevieja ha citado a declarar como imputados al concejal de Urbanismo de Torrevieja, Francisco Moreno, del PP, y a la secretaria municipal. Los dos están imputados por la concesión de una licencia de obras el 12 de octubre de 2011 para la construcción de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos que Acciona-La Generala Torrevieja UTE había solicitado en 2005, meses después de que le fueran adjudicadas la recogida de la basura y la limpieza viaria y fecha desde la cual la empresa ha estado ejerciendo la actividad sin licencia y sin control municipal.

La actuación judicial es consecuencia de la denuncia presentada por el Grupo Socialista a la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, que investigó y posteriormente dio traslado al juzgado de la actuación municipal. Según la oposición, desde hace siete años la adjudicataria de la recogida de la basura deposita 80 toneladas diarias en un recinto no autorizado, para su posterior traslado en camiones de mayor tonelaje al vertedero de La Murada-Abanilla, propiedad de Ángel Fenoll, cabecilla de la trama de basuras que originó el caso Brugal.

Informe en contra

La denuncia del PSPV especifica que la licencia de la planta de transferencia recogida en el contrato de adjudicación se concedió con el informe contrario del jefe del servicio de Urbanismo, la arquitecta municipal y dos arquitectos técnicos municipales, ya que, según concretaron, la planta estaba pendiente del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Tres de ellos han sido citados como testigos en el mismo procedimiento.

La adjudicación de este contrato de recogida de basura ya está instruyéndose en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana tras una denuncia de Los Verdes porque el entonces alcalde del PP y hoy diputado autonómico, Pedro Ángel Hernández Mateo, adjudicó la contrata utilizando el informe de un letrado asesor externo relacionado con la empresa beneficiaria. Hernández Mateo declaró como imputado el pasado 27 de febrero por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque negó su participación en cualquier amaño.