El área metropolitana de Vigo nace rota

El Parlamento de Galicia aprobó ayer la Lei da Área Metropolitana de Vigo, que nace, si no muerta como dictaminó a priori el alcalde vigués, Abel Caballero, sí con el explícito y rotundo rechazo de PSOE y BNG, lo que por sí mismo, esa falta de consenso, ya representa un obstáculo difícilmente superable para su aplicación. El consenso, que presidió cada uno de los pasos dados en la última década a ese efecto, definitivamente se convirtió ayer en una quimera. El PP impuso la mayoría de sus 39 votos, pero la propia hostilidad de la oposición, y singularmente del gobierno socialista de Vigo, ya convierte la ley en papel mojado. Donde los populares señalan una “fecha histórica”, por la de ayer, PSOE y BNG ven una oportunidad efectivamente histórica, pero desperdiciada.

Caballero tachó de “escándalo” la aprobación de la ley —“otra agresión mayúscula de Feijóo a Vigo”, dijo— y leyó, con el respaldo de los portavoces socialistas de los 14 municipios del área, un manifiesto que expresa y detalla las razones por las que consideran que la ley pretende convertir el área en una mera “plataforma política” del PP. También el BNG considera que la norma nace sin contenidos, condenada al fracaso.

La Diputación de Pontevedra tuvo un destacado protagonismo pasivo en el debate parlamentario, que tampoco arrojó mayor novedad a la controversia que los portavoces de los tres partidos han alentado en los últimos meses. La ley se dirige más a “blindar la Diputación”, según el nacionalista Henrique Viéitez, que a aligerarla transfiriendo sus competencias al área, de la que el organismo provincial, “brazo armado del PP en Pontevedra”, debería “desaparecer”, según el socialista Abel Losada.

El área arranca sin competencias, que tendrá que recibir de las otras Administraciones (Diputación, Xunta y los propios Ayuntamientos), denunció la oposición, por más que el portavoz popular, Antonio Rodríguez Miranda, diera esas competencias por hechas, en la letra de la ley. Enseguida le sacaron iniciativas y propuestas recientes del PP que lo cuestionan, como la creación del consorcio de A Louriña —en el que participan tres ayuntamientos del área (Mos, Salceda y Porriño) y Tui, que está fuera— para gestionar el ciclo completo del agua, o los criterios de Rafael Louzán, presidente provincial del PP, que hace año y poco estimaba que la creación del área no era prioritaria, por la crisis, y ahora ofrece desde la Diputación la gestión provincial de la recogida de basuras.

La ley impone a los Ayuntamientos acuerdos al margen de sus plenos

El consenso ha sido un principio básico para la configuración del área metropolitana de Vigo desde que la iniciativa empezó a tomar cuerpo en Soutomaior, en 1999. El propio PP lo ha respetado en todas sus iniciativas legislativas anteriores (en 2005 y 2007, e incluso en el anteproyecto que Alfonso Rueda presentó en Vigo y el proyecto que entró en el Parlamento), pero lo rompió en plena ponencia parlamentaria al enmendarse a sí mismo y cambiar el sistema de voto ponderado que establecía el proyecto para la Xunta de Goberno Metropolitana, constituida por los 14 alcaldes, a otro de voto por mayoría simple, en el que todos los Ayuntamientos pesan lo mismo en la toma de decisiones.

Los 14 municipios del área son Baiona, Cangas, Fornelos, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, Porriño, Redondela, Salceda, Salvaterra, Soutomaior y Vigo y su articulación en el nuevo modelo de municipalismo evidencia un “desequilibrio evidente”, señalan los socialistas. La mayoría simple en el gobierno del área lo hace palmario: Vigo, que representa el 62% de la economía y de la población del área, en la Xunta de Goberno Metropolitana solo tendrá un peso del 7,1%.

De poco vale, como trató de contrarrestar Rodríguez Miranda en el debate de ayer, que en la asamblea metropolitana, para cuya configuración se aplica de nuevo la ley D´Hondt que determina la composición de las corporaciones locales, se sienten 24 representantes de Vigo, del total de 52, o que el PP garantice la presidencia al alcalde de Vigo, aspecto al que el portavoz popular se refirió con sorna para tildar al regidor como “virrey”.

La ley aprobada, según PSOE y BNG, ataca la autonomía municipal —impone acuerdos a los Ayuntamientos, prescindiendo de sus plenos— y renuncia a la necesaria exclusividad en la gestión de sus propios servicios, que se solapa con la que realicen Xunta y Diputación de servicios análogos, encareciendo o restando eficiencia a las prestaciones que finalmente pagan los vecinos a mayor coste. La norma no determina las competencias que transferirán Xunta y Diputación.

En el texto aprobado tampoco consta ningún modelo estable de financiación. La única fuente serán las aportaciones de los Ayuntamientos, sin que Xunta ni Diputación transfieran fondos, con lo que algunos Ayuntamientos podrán verse en apuros para afrontarlos, sobre todo si se duplican los efectivos y estructuras administrativas.

Rodríguez Miranda negó todos y cada uno de esos fallos en la ley, que, según él, se reconoce en los extremos opuestos a los que denunció la oposición: abarata y mejora los servicios, su financiación es suficiente (con tributos propios, de los Ayuntamientos, de la Xunta y de la Diputación), sus competencias claras y su gobierno plural. “Las competencias tendrán que ser efectivas cuando efectivamente se efectivice la entidad”, adujo el portavoz popular, para al cabo quejarse de la falta de consenso, pese a que el PP lo buscó denodadamente en los últimos siete meses. “Aceptamos el 40% de sus enmiendas, pero no modificaron nada”, dijo. “Votarán en contra de lo que ustedes propusieron”, concluyó.