La Xunta y las fusiones

Como en la vida, en la gestión pública suele ser buena idea reflexionar antes de actuar. Los libros blancos, los programas, los documentos estratégicos, los informes de todo tipo deben informar y ayudar a quien debe tomar decisiones públicas, que en la mayor parte de los casos son decisiones políticas que deben conciliar intereses distintos u opuestos, y que generan ganadores y perdedores.

La reorganización de la estructura institucional en España y en Galicia es un buen ejemplo. Existe un amplio consenso sobre las disfuncionalidades de todo tipo que genera la superposición de las autonomías de corte federal con las diputaciones propias de un Estado unitario. Y es evidente que la movilidad de las personas y la distribución de la población en el espacio nada tienen que ver con la del siglo XIX.

Ante ello, necesitamos propuestas completas y flexibles. Porque la realidad no es la misma en todas partes. Pongamos algunos ejemplos. Es verdad que la cooperación intermunicipal es siempre deseable y necesaria. Pero la cooperación es compleja y genera “costes de transacción”. Ponerse de acuerdo no siempre es fácil, hay que hablar mucho y negociar. Para un ayuntamiento muy pequeño, de menos de 2.000 habitantes por ejemplo, la cooperación acaba siendo necesaria para casi todo, si se quieren hacer las cosas bien. Al fusionarse con otro u otros municipios próximos y de tamaño y problemática similar, se acceden a economías de escala que permiten hacer más, más barato y mejor. Incluso el control político mejora, porque las agrupaciones locales cuentan con más medios y la información fluye con más rigor.

Es verdad que existen al menos dos alternativas a esa fusión: las Diputaciones y la privatización. Sin embargo, ambas son necesariamente parciales. La experiencia muestra que el catálogo de competencias gestionables por entes provinciales y empresas privadas es limitada. Todo es más fácil con municipios por encima de los 5.000 habitantes. Por el contrario, una fusión entre Ames y Santiago de Compostela, por ejemplo, no puede justificarse por la búsqueda de economías de escala, más allá de que pasados los 100.000 censados el sistema de financiación local se hace algo más generoso. Aquí la cooperación tiene más sentido que la fusión a secas, a través de áreas metropolitanas funcionales, como propusimos en su día para el caso del área Vigo-Pontevedra

En cuanto a las Diputaciones provinciales, su futuro depende de lo que hagamos con todo lo demás. Si nada cambia, siguen siendo instrumentos útiles; unas más que otras, todo hay que decirlo. Si avanzamos en esa configuración de áreas metropolitanas o urbanas, las Diputaciones deberían desaparecer de esos espacios. Y habría que ver si tiene algún sentido mantenerlas como nivel de gobierno supramunicipal o sería preferible la comarca como espacio de cooperación horizontal, entre municipios, y vertical, con la Xunta.

Por todo lo anterior es positivo que la Xunta quiera ser activa en el proceso y que esté dispuesta a asumir sus costes (cuantos menos municipios, menos alcaldes y concejales). Pero es importante tener muy clara la hoja de ruta. Bienvenidos sean los movimientos espontáneos que buscan la fusión intermunicipal. Pero eso ni es mérito de la Xunta, ni puede ser su modus operandi. Lo que se necesita es una estrategia global bien pensada, un discurso claro que vaya más allá de los ahorros en cargos electos, para hacerle ver a la gente que los localismos paranoicos nos conducen a menos, y una utilización inteligente de los instrumentos de que dispone.

Hoy ser un municipio pequeño puntúa positivamente para obtener financiación suplementaria de la Xunta y las Diputaciones. Debe ser justo al contrario. El que quiera mantener una independencia de papel que se la pague. No estamos para lujos y no podemos utilizar el dinero que debe ir a sanidad, educación o I+D a financiar a municipios que no quieren asumir que el mundo ha cambiado y que es más pequeño: cinco kilómetros del siglo XIX hoy equivalen a veinticinco.